La Fiscalía desestimó la denuncia presentada contra el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y la primera dama, María Elena Urquidi, por los presuntos hechos revelados en una serie de audios atribuidos al argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Guido Calcina por los supuestos delitos de tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo y nombramientos ilegales. El jurista argumentó que las conversaciones difundidas públicamente contenían referencias a posibles intervenciones en decisiones gubernamentales, designaciones en instituciones estatales y asuntos vinculados con empresas estratégicas.

Este lunes, Calcina confirmó que el Ministerio Público desestimó su denuncia y cuestionó la determinación, al considerar que refleja una falta de independencia de la institución frente al poder político.

“Hay un proteccionismo a las altas esferas del poder (…) El Fiscal General (Armando Urioste) ya no puede garantizar independencia, la Fiscalía se somete al poder político”, manifestó.

Pese a la decisión fiscal, el abogado anunció que presentará un recurso de impugnación para intentar revertirla. Asimismo, lamentó que, a su criterio, la Fiscalía se preste a presuntas presiones políticas.

Cerimedo permanece detenido en el penal de Chonchocoro, en La Paz, investigado por enriquecimiento ilícito y tentativa de feminicidio. También enfrenta una imputación por violencia familiar y es investigado por su posible participación en hechos relacionados con sustancias controladas en Beni.

En los últimos meses se difundió más de una decena de presuntos audios del exasesor presidencial en conversaciones con distintas autoridades gubernamentales, entre ellas la primera dama, María Elena Urquidi. Varias de estas grabaciones fueron calificadas como auténticas por verificadores.

El contenido de los registros generó cuestionamientos sobre la influencia que Cerimedo habría ejercido en el Ejecutivo y posibles conflictos de intereses en áreas estratégicas, como hidrocarburos, además de referencias a una presunta protección a actividades vinculadas con el narcotráfico. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de las denuncias y versiones surgidas tras la difusión de los audios.

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