La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este miércoles por unanimidad la Resolución Nº31/2025-2026, que dispone la continuidad y reprogramación de las interpelaciones pendientes.
En la misma sesión, el presidente nato de la ALP, Edmand Lara, informó que el cierre de la actual gestión legislativa se realizará el 4 de noviembre y la apertura de la siguiente, el 5 de noviembre, fechas coordinadas con los jefes de bancada.
“Se ha coordinado de hacer el cierre de la gestión legislativa el 4 de noviembre y la apertura de la nueva legislatura el 5. Y también se ha considerado en esta resolución, que enseguida va a dar lectura el secretario, lo que fue planteado por la diputada Clotilde Padilla, de que todo aquel asambleísta que retire una interpelación, justifique del porqué lo está retirando”, señaló Lara durante la sesión de la ALP.
La resolución establece que “las interpelaciones expresamente incluidas en su anexo único recibirán tratamiento prioritario en las primeras sesiones de la nueva legislatura”. Para ello, la Presidencia de la Asamblea deberá fijar y notificar las nuevas fechas y horas dentro de los tres días siguientes a la instalación del nuevo periodo.
El cronograma comenzará en la primera sesión ordinaria y continuará en sesiones sucesivas hasta agotar los asuntos pendientes.
Interpelaciones
La norma también dispone que cada interpelación se desarrolle en sesión permanente por tiempo y materia hasta su conclusión, respetando su carácter público y el procedimiento reglamentario.
Además, establece que no podrá iniciarse una nueva interpelación mientras otra permanezca en curso y que tendrán prioridad los actos suspendidos por fuerza mayor.
Otro de los puntos incorporados en la resolución establece que “las y los asambleístas que soliciten retirar una interpelación deberán presentar una comunicación escrita y fundamentada ante la Presidencia de la Asamblea”.
Si las razones expuestas fueran insuficientes, se otorgarán tres días hábiles para complementarlas. Si persiste la omisión, los antecedentes podrán remitirse a la instancia de ética correspondiente para su evaluación, sin que ello implique una declaración de responsabilidad ni una sanción automática.
La disposición entró en vigencia desde su aprobación y busca preservar los antecedentes de los procedimientos pendientes y garantizar la continuidad del control parlamentario durante la transición entre legislaturas. La resolución no modifica las consecuencias previstas por inasistencia de las autoridades ministeriales convocadas ni extingue las obligaciones vinculadas a los procesos de fiscalización.
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