Mediante el Decreto Supremo 5753, el Gobierno nacional aprobó la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad – Plan de Acción 2026–2030 (ENBPA), que establece 17 metas nacionales, 49 resultados esperados y 271 acciones para orientar la conservación, restauración y gestión sostenible del patrimonio natural boliviano.

En este contexto, el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático, Desarrollo Forestal y Biodiversidad y la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, tiene un papel sectorial fundamental en la articulación y el desarrollo de las acciones vinculadas con la conservación de la biodiversidad.

La estrategia se organiza en cuatro ámbitos: fortalecimiento normativo, institucional, de gobernanza y financiamiento; gestión sostenible de los ecosistemas; conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad; y gestión del conocimiento.

Sus prioridades incluyen fortalecer las áreas protegidas, recuperar ecosistemas degradados, integrar la biodiversidad en la planificación territorial y del desarrollo, reducir las amenazas a las especies y promover la investigación científica. La definición de metas, resultados e indicadores establece una base para orientar y evaluar los avances de su implementación.

En materia de conservación territorial, Bolivia cuenta, según los datos consignados en la estrategia, con 211 áreas protegidas nacionales y subnacionales que abarcan el 35,22 % del territorio nacional.

La ENBPA también contempla el reconocimiento y fortalecimiento de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, que complementan los sistemas tradicionales de áreas protegidas y contribuyen a conservar ecosistemas mediante distintas formas de gestión territorial. El desafío es fortalecer estos mecanismos y articularlos con las decisiones de desarrollo que inciden sobre el patrimonio natural.

La estrategia vincula, además, la conservación con las oportunidades productivas y los medios de vida de las comunidades. El aprovechamiento sostenible de productos forestales como la castaña, la goma y el asaí, así como de recursos de fauna silvestre sujetos a planes de manejo y normativa específica, entre ellos la fibra de vicuña y los productos derivados del lagarto, puede contribuir a generar beneficios económicos compatibles con la conservación.

“Para avanzar en este propósito, será fundamental fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado, los pueblos indígenas, las comunidades locales, la academia, la sociedad civil y los sectores productivos”, indicó el Ministerio de Producción Sostenible.

El Decreto Supremo 5753 abroga el Decreto Supremo 26556, de 19 de marzo de 2002, y establece que su aplicación no representará recursos del Tesoro General de la Nación.

Además, su implementación plantea el desafío de traducir las metas nacionales en resultados verificables mediante la coordinación institucional, el seguimiento de los indicadores y la movilización de recursos.

“Con esta estrategia, Bolivia establece una hoja de ruta hacia 2030 para fortalecer la conservación de su biodiversidad y promover que el patrimonio natural contribuya al bienestar de la población y al desarrollo sostenible del país”, destacó esta cartera de Estado en un reporte institucional.

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