A más de 16 años de los acontecimientos ocurridos en el Hotel Las Américas en 2009, el sistema de justicia boliviano y la Procuraduría General del Estado enfrentan críticas por su actuación en la investigación y reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el operativo policial.

Elöd Tóásó, uno de los sobrevivientes de las ejecuciones extrajudiciales y torturas registradas en aquel procedimiento, denunció en Correo Play la existencia de una constante “doble moral” e hipocresía institucional en la conducción del caso.

Declaraciones públicas y defensa frente a la Corte IDH.

El foco de la crítica radica en la contradicción entre las declaraciones oficiales destinadas a la población boliviana y las acciones legales que el Estado emprende en los tribunales internacionales.

Según Tóásó, la Procuraduría mantiene un discurso en el que aparenta asumir los informes de fondo y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconociendo públicamente las vulneraciones sufridas por los afectados. Sin embargo, en la práctica procesal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la institución actúa de manera opuesta.

“Por un lado están diciendo que defienden los intereses del país, pero por otro lado ellos mismos están diciendo que quieren cumplir los informes de fondo de la CIDH. Es una doble cara, una doble moral", aseveró.

Entre las maniobras obstaculizadoras observadas ante la justicia internacional, destacó la solicitud del Estado boliviano para excluir a testigos clave que podrían esclarecer la verdad de los hechos, entre ellos el abogado Gary Prado y el exfiscal de materia Marcelo Soza

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