El exdiputado Amilcar Barral informó este miércoles que presentó una denuncia penal contra el vicepresidente Edmand Lara por la difusión de grabaciones de conversaciones telefónicas privadas, que, según afirmó, fueron divulgadas sin su consentimiento.

Barral sostuvo que la difusión de este tipo de material vulnera las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y afirmó que su denuncia también se sustenta en disposiciones del Código Penal.

“Edmand Lara viola la Constitución Política del Estado en su artículo 25, donde todos los bolivianos estamos protegidos, que nadie puede grabar nuestras conversaciones, y peor publicarlas”, manifestó el exlegislador a través de sus redes sociales.

La denuncia surge después de que Lara difundiera audios de conversaciones privadas y señalara que recibe ese material de una fuente, sin precisar públicamente cómo son obtenidas las grabaciones.

“No sabemos cómo lo está haciendo, pero, si se han dado cuenta, en este último tiempo, la Vicepresidencia se ha convertido en una agencia de llamadas telefónicas, de exponer grabaciones y demás”, cuestionó Barral.

Afirma que un audio fue manipulado

El exdiputado también se refirió a una grabación de una conversación que habría sostenido con un agente policial y que, según relató, comenzó a ser difundida el martes.

Barral rechazó que se trate de una grabación generada mediante inteligencia artificial y aseguró que el audio fue manipulado.

“Yo no voy a ser cobarde, lo he escuchado, ayer lo han empezado a exponer, esa grabación. No voy a ser cobarde como él, en decir que es inteligencia artificial. Pero sí, esa grabación ha sido manipulada”, afirmó.

Según su versión, en la conversación no existen referencias a hechos de corrupción, manejo de dinero o actividades delictivas, sino comentarios relacionados con asuntos de relevancia nacional.

Barral atribuyó la difusión de las grabaciones a las denuncias que realizó contra Lara desde el inicio de su gestión, entre ellas cuestionamientos por sus publicaciones en redes sociales, viajes para asistir a partidos de fútbol y la inasistencia de su esposa, también diputada, a sesiones de la Asamblea Legislativa.

“No voy a permitir que me vengan a grabar mis conversaciones”, sostuvo el exdiputado, al cuestionar lo que calificó como “espionaje” y advertir que esta situación podría generar desconfianza entre los ciudadanos al momento de mantener conversaciones telefónicas.

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