José Armando Urioste llegó a la ciudad de La Paz, donde este lunes jurará ante la directiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para asumir oficialmente el cargo de Fiscal General del Estado interino. La nueva autoridad comprometió resultados y anunció una “limpieza” en el Ministerio Público.
El presidente del Senado, Diego Ávila, informó que Urioste será posesionado este lunes. “Lo vamos a posesionar los miembros de la directiva el día lunes. No necesitamos convocar nuevamente a una sesión”, explicó.
En ese marco, la diputada Salma Tobías informó que Urioste ya llegó a La Paz y que se hospedará en un hotel a la espera del acto de posesión.
“Después de una noche histórica en la Asamblea Legislativa Plurinacional, acompañamos al nuevo Fiscal General del Estado, José Armando Urioste, hasta el hotel donde permanecerá durante su estadía en La Paz. Fueron seis votaciones, horas de deliberación y finalmente un consenso total que permitió su elección en la séptima votación”, señaló la legisladora.
Tobías expresó su satisfacción por la elección de la nueva autoridad y le pidió iniciar la transformación del Ministerio Público. Además, anunció que fiscalizará ese proceso y que se escuchará a las personas que sufrieron retardación de justicia, corrupción o extorsión en el ámbito judicial.
“El doctor Urioste asumió un compromiso concreto: 90 días para demostrar resultados, transformar el Ministerio Público y comenzar a recuperar la confianza de la ciudadanía”, manifestó.
Por su parte, Urioste se comprometió a obtener resultados mediante un buen trabajo durante el periodo que le corresponda ejercer el cargo.
“El compromiso de hacer algo bien, de tener un buen resultado, limpiar esa institución y, obviamente, liberar al pueblo de lo que es la extorsión que está sufriendo a través de estas instituciones que están corrompidas”, manifestó.
Urioste fue elegido la madrugada del sábado en la Asamblea Legislativa y asumirá el cargo en reemplazo de Roger Mariaca, quien fue suspendido de manera definitiva y es procesado por presuntos vínculos con la protección al narcotráfico.
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