La imputación contra el fiscal general Roger Mariaca explica los argumentos para sostener que él y sus colaboradores habían establecido una “organización criminal” en el Ministerio Público, mediante la cual se otorgaba impunidad a Sebastián Marset.

Según el documento, Mariaca actuaba de forma que daba apariencia de cumplimiento, pero en realidad ofrecía “protección selectiva, contraviniendo su función de ejercer y liderar la acción penal, propiciando injusticia e impunidad para Sebastián Marset”.

En el documento se menciona como indicios el video en que Marset se refiere a Mariaca como “amigo” y que tenía la función de darle aviso.

También se menciona las afirmaciones de Marset de que había pagado 500 mil dólares para tener protección de altas esferas del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía.

Además, se atribuye el fracaso del operativo de captura de Marset de julio de 2023 al hecho de que Mariaca, siendo entonces fiscal departamental, era “amigo” del uruguayo y le habría dado aviso.

Los otros imputados

Dentro de la imputación también figuran el fiscal departamental Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el policía Rubén Aparicio.

Respecto a Aparicio, la imputación señala que ese apellido fue mencionado por Marset como parte del esquema de contacto con autoridades. Indica que el oficial era capitán de la Policía en Santa Cruz en 2023 y cumplía un rol de protección de la organización.

Sobre Irusta, la imputación señala que Mariaca lo nombró en un cargo de alta confianza, en una decisión cuestionada y pese a que anteriormente fue investigado por legitimación de ganancias ilícitas. Según el documento, altas esferas de la Fiscalía presionaron para que el caso contra Irusta quede desestimado.

Asimismo, señala que Irusta fue sorprendido en flagrancia dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre mientras pretendía sustraer y extraer documentación y expedientes confidenciales, además de intentar borrar el rastro documental antes de su inminente captura.

Sobre Zeballos, la imputación dice que tuvo un rol de protección y ayuda a la red criminal, permitiendo el tráfico de sustancias de parte de Sebastián Marset.

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