El Gobierno nacional hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que respalde las transformaciones estructurales requeridas en el sistema judicial de Bolivia.
Las autoridades del Ejecutivo precisaron que el país atraviesa una “oportunidad histórica” para impulsar cambios profundos que limpien la administración de justicia de redes de corrupción e impunidad.
La solicitud gubernamental se planteó tras revelar la desarticulación de una organización criminal instalada en el Ministerio Público, la cual estaba liderada por el exfiscal Roger Mariaca y contó con la complicidad de altos funcionarios judiciales.
El Ejecutivo, por medio del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, demandó que el Legislativo acompañe las labores de saneamiento que lleva adelante la administración de Rodrigo Paz.
Durante el informe presentado recordó que en los últimos meses de gestión las fuerzas policiales lograron la captura de 20 cabecillas pertenecientes a estructuras delictivas internacionales como el Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermello y bandas criminales procedentes de Colombia y países vecinos.
Asimismo, la representación estatal vinculó los recursos de origen ilícito manejados por estas redes judiciales con el financiamiento de los 53 días de bloqueos de carreteras que convulsionaron al país.
Según las investigaciones policiales, las sumas incautadas que provenían del Trópico de Cochabamba y de Santa Cruz eran empleadas para sostener protestas violentas, amedrentar ciudadanos y causar graves daños a la economía nacional.
Por último, el Gobierno dirigió una advertencia a las autoridades y servidores públicos del país, instándolos a elegir entre el respeto a la ley y la convivencia pacífica o el bando del delito y el terrorismo. Se ratificó el compromiso de combatir incansablemente a las estructuras delictivas hasta erradicar las narcoestructuras del aparato estatal.
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