El vicepresidente Edmand Lara publicó un comunicado en el que se refiere al caso de la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca. En ese marco, afirmó que el presidente Rodrigo Paz no puede designar su reemplazo por decreto, reportó Unitel.
El fiscal general de Bolivia y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos en el aeropuerto de Viru Viru la noche del miércoles.
“Quiero ser igualmente claro: ante la ausencia o impedimento del Fiscal General, el Presidente no puede designar por decreto a un Fiscal General interino”.
“El artículo 227 de la Constitución establece que el Fiscal General es designado por dos tercios de la Asamblea Legislativa, y el artículo 25 de la Ley 260 establece el régimen de suplencias y el orden de prelación dentro del Ministerio Público”, afirmó.
“La institucionalidad debe respetarse: primero la Constitución, después la ley y siempre el Estado de Derecho”, se lee en el comunicado fechado este 1 de octubre.
A primera hora de este jueves, Luis Montaño Morales brindó una conferencia de prensa en Santa Cruz y dijo que asume el cargo de fiscal general del Estado interino ante la aprehensión de Roger Mariaca.
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos en el aeropuerto de Viru Viru la noche del miércoles.
La aprehensión se registró a menos de 72 horas de la acusación del Departamento de Estado de Estados Unidos contra Mariaca por protección al narcotráfico. Además, Zeballos está incluido en una lista de personas cuyo ingreso al país del norte está vetado.
DEA
Lara además cuestionó el operativo para la aprehensión de Mariaca y la supuesta participación de agentes de la agencia estadounidense DEA
“Como Vicepresidente del Estado y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quiero señalar con absoluta claridad: nadie está por encima de la ley. “Si existen denuncias por corrupción, narcotráfico u otros delitos, deben investigarse y, si corresponde, sancionarse”, afirmó.
Luego remarcó: “Pero las aprehensiones deben realizarse conforme a la Constitución y las leyes, bajo la dirección funcional del Ministerio Público y respetando el debido proceso”.
Consideró que “ningún agente policial extranjero, sea de la DEA o de cualquier otra institución, puede ejercer funciones de aprehensión dentro de nuestro territorio al margen de la legislación boliviana”.
“Bolivia tiene una Policía Boliviana y procedimientos legales que deben respetarse. Si una persona es requerida por la justicia de otro país, deben cumplirse los mecanismos de cooperación judicial y, cuando corresponda, de extradición”, sostuvo.
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