El exfiscal Roger Mariaca enfrenta una imputación formal impulsada por el Ejecutivo y la Fiscalía por la presunta comisión de múltiples delitos graves tipificados en el ordenamiento penal, al haber liderado presuntamente una narcoestructura instalada en el sistema de justicia.
La denuncia formal interpuesta contra Mariaca abarca los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas conforme a la legislación antidrogas. Estos mismos cargos se extendieron contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, el fiscal Martín Rustaflores y el mayor Rubén Aparicio Villarruel.
Asimismo, la acción penal del Estado contempla la persecución legal contra autores, encubridores y cómplices implicados en la red criminal. Según la acusación oficial, la estructura liderada por Mariaca operaba de forma continua para brindar protección, incentivar y enriquecerse mediante actividades ligadas al narcotráfico y al desvío de investigaciones judiciales.
A los ilícitos vinculados con sustancias controladas se suman las acusaciones por cobros irregulares y exacciones sistemáticas a ciudadanos que acudían al Ministerio Público en busca de justicia. El Gobierno detalló que estos cobros ilícitos alimentaban sumas millonarias en efectivo, como las halladas en una ambulancia interceptada al salir de la vivienda de Mariaca durante los operativos de la madrugada.
Adicionalmente, las investigaciones señalan que parte de las millonarias sumas manejadas por la red de Mariaca habría servido para financiar movilizaciones sociales y los 53 días de bloqueos de caminos en el país. Las autoridades respaldaron esta imputación tras detectar el flujo de remesas e incautar más de ocho millones de bolivianos procedentes del Trópico de Cochabamba y Santa Cruz.
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