El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se refirió este lunes al veto impuesto por Estados Unidos contra el fiscal general Roger Mariaca y otras 11 personas, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico, y evitó emitir una valoración directa sobre la decisión adoptada por el gobierno norteamericano.
Saucedo remarcó que cada Estado tiene la potestad de definir sus propias políticas migratorias y que no corresponde a autoridades bolivianas intervenir en esas determinaciones. “Cada Estado tiene sus propias políticas en cuanto a las leyes migratorias y el pretender inmiscuirme en las decisiones o en las disposiciones de otro país sería inmiscuirme en la soberanía de él”, afirmó.
En esa línea, agregó que las medidas de restricción o admisión de ciudadanos extranjeros responden exclusivamente a criterios internos de cada nación. “Por lo tanto, es cuestión de cada Estado disponer las medidas que considere pertinentes en sus políticas migratorias”, señaló.
Consultado sobre la mención de jueces dentro de los listados difundidos por autoridades estadounidenses, el titular del TSJ recordó la independencia funcional del Órgano Judicial y la responsabilidad individual de cada magistrado o juez en sus decisiones. “Cada juez, reitero, es responsable de su resolución y en el marco de esa independencia con la que actúa, ellos tendrán a responder si es que se apertura una investigación en alguna situación que puedan estar involucrados”, explicó.
Asimismo, Saucedo aclaró el rol institucional del Tribunal Supremo de Justicia dentro del sistema judicial boliviano, diferenciando sus funciones de las del Consejo de la Magistratura. “El Tribunal Supremo de Justicia no designa jueces, el Tribunal Supremo de Justicia no sanciona jueces y el Tribunal Supremo de Justicia no suspende jueces. Esas son atribuciones específicas del Consejo de la Magistratura”, precisó.
Finalmente, reiteró que cualquier eventual proceso administrativo o disciplinario contra operadores de justicia debe seguir los mecanismos establecidos por ley. “En todo caso será el Consejo de la Magistratura quien vea la posibilidad de ejercer las facultades que por ley le corresponden”, concluyó.
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