El Gobierno puso en marcha el Programa Nacional de Renovación de Vehículos PATRIA mediante el Decreto Supremo 5726, una iniciativa orientada a financiar la compra de motorizados para el sector del transporte público, como parte de una política de modernización del parque automotor.
De acuerdo con la norma, el programa permitirá cubrir la adquisición de vehículos a solicitud de los beneficiarios, quienes deberán pertenecer al transporte público y cumplir con los requisitos que serán definidos en su reglamentación.
El PATRIA será ejecutado a través del Sistema Informático de Financiamiento Integrado por Consumo de Combustibles (Sifcc), una plataforma que estará interconectada con estaciones de servicio mediante el B-SISA. Este mecanismo busca facilitar el control y pago del financiamiento, en función del consumo de combustible de los usuarios.
Para su implementación, el decreto establece que los recursos provendrán parcialmente del Fondo de Conversión de Vehículos a GNV (Fcvgnv) y del Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV (Frcgnv), en porcentajes que serán determinados posteriormente.
La normativa también dispone la transformación institucional de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV), que ahora pasará a denominarse Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular PATRIA (EERV PATRIA), bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Esta nueva entidad tendrá a su cargo cuatro líneas de acción: la conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) y mantenimiento de equipos; la recalificación y reposición de cilindros; la transformación de vehículos que usan diésel a GNV; y el nuevo programa de renovación vehicular.
El financiamiento de sus actividades podrá complementarse con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), además de aportes de los fondos vinculados al GNV, donaciones y créditos internos o externos, según la disponibilidad.
Asimismo, se prevé que la EERV PATRIA, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, gestione mecanismos financieros como fideicomisos u otras herramientas que permitan viabilizar el programa.
La decisión se da en un contexto de tensión entre el Gobierno y el sector del transporte, tras el levantamiento de la subvención al diésel. En ese escenario, las autoridades han planteado acelerar la migración hacia el uso de Gas Natural Vehicular como alternativa.
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