El exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín expuso este miércoles la urgencia de que los poderes públicos de Bolivia den por válida su tesis de que la Constitución del Estado Plurinacional de 2009 es “jurídicamente nula”, por derivar de una cadena de alteraciones normativas, delitos y hechos de violencia, e instó a las autoridades a reconocer su ineficacia para restituir la Carta Magna republicana de 1967, reformada en 1994.

Durante una conferencia en el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), en Miami, Estados Unidos, su director insistió en que la norma fundamental boliviana “nació muerta”, por lo que no es susceptible de reforma ni enmienda, como plantearon políticos en estas últimas semanas, sino que carece de valor legal desde su concepción. 

“Incluso los que impusieron la Constitución saben que no sirve”, remarcó. Expuso como prueba el consenso que existe en Bolivia para una reforma constitucional que, según su lectura, no resolvería nada.

Situó el inicio de la ruptura constitucional en las protestas de octubre de 2003, que concluyeron con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Identificó presuntas irregularidades normativas: la Ley 2410 de necesidad de reforma, promulgada en agosto de 2002 con firmas cuestionadas, y la Ley 2631, de febrero de 2004, a la que acusó de falsear el procedimiento constitucional al incorporar la figura de la Constituyente sin respetar los requisitos de aprobación.

Cuestionó el desarrollo de la Constituyente y el acuerdo político de 2008 en el Congreso Nacional. Recordó que el documento aprobado en el Liceo Militar de Sucre y, luego, en Oruro no contemplaba la reelección inmediata ni el Estado Plurinacional, incorporados después mediante la Ley 3941, fruto de un pacto entre el gobierno de Evo Morales y fuerzas parlamentarias opositoras.

Denunció represión y judicialización para consolidar el texto. Hizo hincapié en los heridos y muertos de La Calancha en Sucre; la violencia en Cochabamba; los enfrentamientos de Porvenir, Pando, y las ejecuciones de 2009 en el Hotel Las Américas; afirmando que tales hechos derivaron en el encarcelamiento y exilio de dirigentes políticos.

Por último, abordó las consecuencias socioeconómicas del modelo. Tras señalar un incremento de la pobreza y la agudización de la crisis energética, Sánchez Berzaín propuso que el Ejecutivo, el Legislativo o los tribunales emitan una declaración formal de nulidad de la CPE para retornar a la vigencia del orden constitucional republicano previo a 2009.

“Este es el tema central para la sobrevivencia de Bolivia y para la recuperación de la nación boliviana”, expresó al cerrar.

Comentaristas como JohnnyNogales señalaron que la propuesta de Sánchez Berzaín debe ser considerada con seriedad por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

CINCO COMENTARIOS

El jurista Johnny Nogales sostuvo que la actual Carta Magna adolece de vicios insubsanables en su gestación y mantiene atado al país a una estructura estatista; por eso, remarcó que cualquier modificación sobre una base jurídica viciada carece de validez.

La abogada y exprefecta Gisela Derpic incidió en la desestructuración de la institucionalidad republicana y argumentó que el esquema plurinacional subordinó las garantías ciudadanas y la descentralización regional a un modelo hegemónico de concentración de poder.

El exparlamentario Germán Gutiérrez apuntó a las irregularidades del proceso deliberativo en Sucre y el traslado forzado a un recinto militar, hechos que calificó como una ruptura formal del mandato constituyente que despojó al texto final de legitimidad de origen.

El exministro Guido Áñez Moscoso analizó las consecuencias de la persecución política contra líderes regionales y opositores, subrayando que la estructura jurídica vigente fue consolidada mediante la coacción judicial y el debilitamiento sistemático del Estado de derecho.

El intelectual indígena Fernando Untoja cuestionó los postulados étnico-comunitarios del texto de 2009, afirmando que dicho andamiaje conceptual dividió artificialmente a la sociedad y desarticuló la igualdad ciudadana consagrada en la tradición republicana.

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