La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de retorno económico que establece los niveles de gobierno responsables del financiamiento de obligaciones vinculadas al régimen penitenciario y al bono de vacunación.
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar.
La norma dispone que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, asuma el financiamiento del costo del prediario y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario a nivel nacional.
Asimismo, el Ministerio de Salud y Deportes se hará responsable del financiamiento del bono de vacunación, conforme a sus atribuciones y la normativa vigente.
El proyecto establece, además, que las obligaciones generadas antes de la gestión 2026 por estos conceptos continuarán siendo asumidas por los gobiernos autónomos departamentales, conforme a la normativa aplicable al momento de su generación.
Para la gestión 2026, la Autoridad Binacional Lago Titicaca, la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo y el Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica continuarán recibiendo transferencias departamentales; mientras que, desde 2027, sus fuentes de financiamiento serán determinadas mediante decreto supremo.
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