El primer informe sobre la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) identificó más de 70 casos que podrían derivar en procesos penales por presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles, principalmente registradas durante la gestión 2024, informó el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García.

La investigación de la Comisión Interministerial e Interinstitucional detectó al menos seis modalidades de irregularidades, entre ellas despachos realizados antes de la emisión de la factura, asignaciones de combustible por encima de los límites establecidos, programación discrecional de retiros, favorecimientos y presuntos desvíos de carburantes.

Entre los hallazgos, García reportó más de 30 despachos efectuados antes de la emisión de la factura, pese a que el procedimiento establece que primero debe realizarse el pago y la facturación, para posteriormente generar la orden de despacho y la asignación correspondiente.

También se identificaron clientes directos que habrían recibido cupos superiores al 199% del límite permitido, además de más de 40 casos en los que retiros programados para varios días fueron concentrados en una sola jornada, lo que, según la autoridad, evidencia posibles criterios discrecionales en la programación.

El informe también estableció la existencia de estaciones de servicio que habrían sido favorecidas de manera discrecional y de funcionarios que presuntamente posibilitaron el desvío de combustible.

A partir de estos hallazgos, García señaló que podrían investigarse delitos como cohecho pasivo, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles, concusión y almacenaje, comercialización y compra ilegal de combustibles.

“No se ha generado un sistema digital trazable que pueda acabar con la corrupción en este caso”, cuestionó el viceministro durante una conferencia de prensa realizada en instalaciones de YPFB en Santa Cruz.

Según García, una de las principales vulnerabilidades encontradas fue la ausencia de mecanismos de control plenamente trazables. Las conciliaciones de despachos se realizaban mediante tablas de Excel y el sistema permitía modificaciones posteriores y retroactivas por parte de distintos usuarios.

La autoridad observó además que durante los últimos cinco años se destinaron más de Bs 400 millones a infraestructura tecnológica, pero sin contar, según su evaluación, con un sistema integral que permitiera seguir de manera segura el movimiento del combustible desde su distribución hasta su comercialización.

García aclaró que las investigaciones no se limitarán a funcionarios o personas que actualmente ocupen determinados cargos. Debido a que las irregularidades se concentran principalmente en hechos registrados durante 2024, también podrían alcanzar a quienes hubieran generado las condiciones para su comisión en gestiones anteriores.

Como respuesta a las observaciones, la Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria trabaja junto con YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y otras entidades, entre ellas la AGETIC, en la implementación de un sistema digital de trazabilidad en tiempo real para toda la cadena de distribución.

El proyecto contempla además un portal público de transparencia que permitirá consultar desde un dispositivo móvil información sobre el volumen de combustible que ingresa al país, los despachos realizados, sus destinatarios y los movimientos registrados, con el propósito de reducir la discrecionalidad y cerrar espacios a posibles hechos de corrupción.

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