El Ministerio Público admitió una denuncia penal presentada por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) contra la exalcaldesa Mónica Eva Copa Murga y otros siete exservidores públicos de la comuna alteña por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

La denuncia está relacionada con el presunto sobreprecio y desembolso irregular de más de Bs 2,1 millones a favor de la Empresa de Tratamiento de Residuos Bolivia (Trébol S.A.), encargada del servicio de aseo urbano y recojo de basura en la ciudad de El Alto.

“Efectivamente, se ha admitido la denuncia en contra de la exalcaldesa Eva Copa, como también a los exfuncionarios que vendrían a ser secretarios municipales, directores y abogados. En esta semana ya se están sacando las directrices de investigación para que vayan a declarar ante el Ministerio Público”, informó el asesor del área penal de la Unidad de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección General de Asuntos Legales (DGAL), Ever Erwin Apaza Gonzales.

De acuerdo con la denuncia, los exfuncionarios aplicaron un aumento retroactivo a las tarifas de un servicio que ya había concluido. La planilla correspondiente al recojo de basura de marzo de 2026 fue fijada inicialmente en Bs 15,4 millones.

Sin embargo, tras la modificación del contrato suscrita el 24 de abril, la anterior gestión municipal reliquidó el pago correspondiente a ese mismo mes a favor de Trébol S.A. por Bs 17,5 millones, generando una diferencia de más de Bs 2,1 millones.

Apaza explicó que para realizar el pago se presentó una conciliación o “cuadre de cifras” mediante la cual se estableció que era posible efectuar pagos retroactivos.

“La figura es la siguiente: existen procedimientos administrativos para el pago. En este caso, la exalcaldesa, conjuntamente con estos exfuncionarios, realizaron un pago que ya no correspondía, para el cual presentaron un ‘amarre’ (conciliación o cuadre de cifras) estableciendo que sí se podía hacer pagos retroactivos”, señaló.

Según el asesor legal, el monto adicional no estaba contemplado en el presupuesto anterior y no existía certificación de disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago. Asimismo, indicó que se ignoraron los rechazos del Ministerio de Economía.

La acción legal se fundamenta en los artículos 154 y 224 del Código Penal, correspondientes a los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, respectivamente.

“Son dos delitos; en razón de que se habría suscrito un contrato con Trébol, el cual generó al municipio un daño económico de 2 millones de bolivianos pagados sin seguir los plazos procedimentales que exige la norma”, afirmó Apaza.

El proceso penal ingresó a su etapa preliminar con la solicitud de asignación de un investigador. La representación legal del GAMEA también solicitó requerimientos ante el SEGIP, SERECÍ, la Policía Boliviana y el REJAP para recabar los antecedentes de los involucrados y avanzar con la investigación.

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