Con los decretos supremos 5697 y 5699, que esta semana dispusieron intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la estatal petrolera suma al menos dos intervenciones en los últimos 20 años, sin contar otras acciones anunciadas en este Gobierno, militarizaciones y las tres nacionalizaciones a lo largo de su historia. Ninguna termina de resolver su compleja problemática.

Las tres nacionalizaciones (1937, 1969 y 2006) también supusieron intervenciones a la empresa estatal petrolera, pero ellas son motivo de otra nota y, de acuerdo con un estudio de la Fundación Jubileo, los resultados hablan por sí solos.

Una revisión de la Gaceta Oficial de Bolivia muestra una serie de decretos que dispusieron intervenciones en diferentes instituciones del Estado e, incluso, en entidades privadas. Una de las más recordadas: la intervención administrativa-financiera, técnica operativa al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (DS N° 2274, del 24 de febrero de 2015), a raíz del escándalo de malos manejos y proyectos fantasmas, con investigaciones que siguen hasta este 2026.

En lo que toca a YPFB, en archivos periodísticos quedó registrada la intervención de 2009, aunque no hay ninguna norma al respecto en la gaceta. Según consultas realizadas a exservidores públicos, tampoco es una obligatoriedad ya que las intervenciones a instituciones más bien deben ejecutarse bajo el sistema regulatorio. 

El 27 de enero de ese año, el empresario Jorge O’Connor D’Arlach, de Catler Uniservice, firmante de un contrato para construir la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, fue asesinado en La Paz. Le robaron 450 mil dólares que, según la investigación, estaban destinados a un soborno para el entonces presidente de YPFB y hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez.

Tras el destape del escándalo, el presidente Evo Morales rompió con Ramírez, que después entraría a la cárcel, y posesionó en su lugar a Carlos Villegas, hasta entonces ministro de Planificación. Morales pidió a Villegas intervenir la petrolera y esclarecer las denuncias.

Hubo una toma policial de las  instalaciones en la sede central de YPFB en La Paz y en dependencias regionales como Santa Cruz para precintar oficinas técnicas, contables y administrativas con el fin de resguardar pruebas; quedaron cesantes un viceministro, una directora, cuatro gerentes, un vicepresidente, un jefe y otros dos funcionarios.

El Ejecutivo ejecutó auditorías y reestructuró los mecanismos de contratación. No obstante, los sucesivos escándalos de corrupción ocurridos después mostraron que no hubo resultados y al finalizar ese año, Villegas admitió una drástica caída en la ejecución de inversiones hidrocarburíferas programadas, producto de la paralización de procesos de contratación y el endurecimiento preventivo de los controles internos.

EN ESTE PERIODO

Durante la actual gestión de Rodrigo Paz, hubo acciones previas a las intervenciones. 

El 5 de agosto, el Ejecutivo anunció una intervención “integral, técnica y ejecutiva” para investigar el desvío de combustibles, el favorecimiento en los despachos y los cobros irregulares. La acción finalmente se concretó este mes, en medio de la molestia creciente por las filas de gasolina y diésel.

Ya el 15 de diciembre de 2025, Paz había conformado la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos para investigar más de 140 denuncias y revisar el manejo de inversiones, impuestos, regalías, subvenciones, empresas públicas y plantas de industrialización durante los anteriores 20 años.

Ese mes, tras la denuncia de desvío de diésel y gasolina al contrabando, se intervinieron oficinas centrales, distritos comerciales, plantas operativas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, y dependencias de la Unidad de Logística, lo que derivó en el  secuestro de servidores y destitución y aprehensión de gerentes y mandos medios.