La Cámara de Senadores aprobó una ley corta que devuelve al Gobierno central la responsabilidad del pago de los prediarios para la alimentación de las personas privadas de libertad y del bono de vacunación del personal de salud, gastos que habían sido trasladados a los gobiernos departamentales.
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó este jueves que la aprobación de la ley de «adecuación de financiamiento de obligaciones públicas» restituye al nivel central competencias y obligaciones que durante años fueron asumidas por gobernaciones y municipios.
«No se trata solo de decir que somos autonomistas; esta ley devuelve recursos a las autonomías y representa un primer paso concreto hacia el 50-50», sostuvo.
Ávila explicó que la ley corta incorporó tres planteamientos formulados durante el tratamiento legislativo, a pedido de la bancada de Libre.
Precisó que la única propuesta que no fue aceptada fue la de duplicar el límite de endeudamiento subnacional, debido al riesgo de «profundizar la delicada situación financiera de gobernaciones y municipios».
El presidente de la Cámara de Senadores destacó la aprobación de la norma, así como del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado. Además, anticipó que el 5 de agosto, en Sucre, continuarán las conversaciones para avanzar en los acuerdos centrales del modelo 50-50.
«Estas leyes reflejan una voluntad clara de fortalecer las autonomías, devolver responsabilidades al nivel que corresponde y lograr que los recursos lleguen allí donde se resuelven los problemas cotidianos de la gente», concluyó.
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