El líder cocalero y expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció la tarde de este miércoles luego de que se conociera la existencia de una segunda orden de aprehensión en su contra, esta vez dentro de una investigación relacionada con los más de 50 días de bloqueos que afectaron al país durante 2026.

A través de sus redes sociales, Morales afirmó que la nueva acción judicial, que lo vincula a una investigación por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado, responde a una intención de responsabilizarlo por las movilizaciones sociales y desviar la atención de los problemas que atraviesa Bolivia.

“Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Morales sostuvo que su posición está del lado de los sectores afectados por la situación económica del país y mencionó entre sus principales preocupaciones la escasez de combustible, el incremento del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico.

“Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico”, señaló.

El exmandatario también rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que los procesos judiciales no solucionarán los problemas nacionales. “Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular”, afirmó.

Asimismo, Morales manifestó que no será intimidado por las acciones legales y ratificó su intención de continuar con su actividad política.

“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre”, expresó.

La nueva orden de aprehensión se suma a la emitida anteriormente dentro de una investigación por un caso de trata de personas, por lo que el expresidente acumula dos mandamientos judiciales en su contra por diferentes procesos.

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