El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció este lunes que el Gobierno no ha podido avanzar al ritmo esperado en la transformación del Estado, debido a los conflictos sociales registrados en los primeros meses de gestión y a la complejidad de las reformas planteadas.

La autoridad explicó que estos episodios generaron periodos de paralización que redujeron el tiempo efectivo de trabajo del Ejecutivo. “Bolivia está en una transición política que nos ha llevado dos meses de parálisis en los conflictos sociales. Antes de eso, con el 50-50, también perdimos otro mes”, afirmó.

En ese contexto, Gálvez subrayó que la modificación del modelo estatal implica cambios profundos que no pueden ejecutarse en un corto plazo. “Quisiéramos ir con mayor velocidad, pero no es nada sencillo cambiar la estructura de un modelo que ha sido fuertemente arraigado por el régimen anterior. Vamos a presentar, a través de las leyes, una nueva estructura del Estado. Vamos a transformar Bolivia”, declaró.

El vocero indicó que el Ejecutivo trabaja en un conjunto de normas orientadas a redefinir el funcionamiento de las instituciones públicas, más allá de una simple redistribución de recursos. “Se trata de ponernos de acuerdo sobre cómo debe funcionar este Estado, que hoy es un Estado obeso, un Estado ineficiente, y entre todos lo tenemos que transformar”, añadió.

Asimismo, respondió a las críticas por la falta de resultados inmediatos, al señalar que ocho meses de gestión son insuficientes para concretar reformas estructurales. “Esto no se soluciona con un decreto. Aun con las leyes aprobadas, la transición política va a tomar tiempo. Ocho meses pareciera mucho, pero es muy poco en términos históricos”, sostuvo.

Gálvez también atribuyó la actual situación a las administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) y enfatizó la necesidad de encarar cambios de fondo. “Hay que ir a las raíces, hay que ir a los cimientos para que este ciclo político, que debe durar entre 20 y 30 años, sea profundo y firme”, afirmó.

El Gobierno enfrenta cuestionamientos por la demora en la implementación de medidas y por no haber remitido aún el paquete de leyes anunciado desde marzo, mientras distintos actores políticos demandan mayor celeridad en la ejecución de las reformas.

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