El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5654, que prohíbe de forma generalizada realizar retenciones o descuentos directos por planilla en los sueldos de los funcionarios públicos y las rentas de los jubilados, limitando esta práctica de manera exclusiva a cinco conceptos específicos: aportes de jubilación por ley, faltas o sanciones administrativas, el impuesto RC-IVA, retenciones judiciales por asistencia familiar y devoluciones al Estado por cobros indebidos.

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