El escándalo internacional que involucra al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una presunta red de tráfico de influencias en favor del Grupo Gloria, generó una fuerte reacción en la ciudad de Sucre, dado que el caso está relacionado con perjuicios a la cementera Fancesa.
El diputado Antonio Pino manifestó por medio de Correo del Sur Radio que las revelaciones del informe de la Policía de España permiten comprender sucesos políticos y administrativos que antes carecían de explicación clara en Chuquisaca.
El rol de Carmen Almendras y la Gobernación
Según el diputado Pino, la figura de Carmen Almendras —exembajadora de Bolivia en España y exdirectora del Bicentenario en la Gobernación de Chuquisaca— resulta importante en este entramado. Almendras es señalada por la policía española como la intermediaria que facilitó el contacto entre Zapatero y los directivos del Grupo Gloria en mayo de 2024.
“Empieza a tener muchas cosas sentido”, afirmó Pino, mencionando que durante la gestión de Almendras se registraron eventos inusuales, como la gestión de becas por parte de Zapatero y la llegada de funcionarios de organismos internacionales vinculados al exmandatario español.
El legislador cuestionó que se utilizaran estructuras locales para, presuntamente, recolectar documentación de procesos judiciales que afectaban a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) y favorecer intereses transnacionales.
Pino lamentó el daño económico sufrido por Chuquisaca, señalando que Fancesa pasó de representar el 8% del PIB departamental en 2017 a solo el 4% en la actualidad, debido a maniobras que perjudicaron a la empresa regional en distintos momentos.
La investigación española sostiene que Zapatero habría cobrado 200.000 euros por influir ante el gobierno de Luis Arce para frenar una condena de 107 millones de dólares que la empresa Soboce (del Grupo Gloria) debía pagar a Fancesa por competencia desleal.
Acciones legislativas
Ante la gravedad de las denuncias, los diputados Antonio Pino y Marcelo Solís remitieron una nota oficial al presidente de la Cámara de Diputados para que, por vía de cancillería, se establezcan canales directos de información con el Parlamento español. El objetivo es obtener copias legalizadas de la investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España.
Asimismo, solicitaron formalmente la conformación de una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta comisión tendría la tarea de esclarecer el grado de injerencia de Zapatero en las decisiones judiciales bolivianas y el rol que jugaron altas autoridades del Ejecutivo, como el propio presidente Luis Arce y sus ministros, quienes figuran en la agenda de contactos de la secretaría de Zapatero.
“No estamos hablando de un delito común, sino de gestiones políticas de alto nivel que han influido en decisiones judiciales en desmedro de intereses locales”, sentenció Pino, quien también sugirió investigar posibles nexos de otros actores políticos nacionales en este caso.
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.
