En un intento por destrabar la crisis que asfixia al país desde hace 48 días, el Órgano Ejecutivo respondió formalmente este miércoles al pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB).

En la misiva, el Gobierno central descartó la posibilidad de dictar una amnistía general para los detenidos en las recientes movilizaciones, aunque se comprometió a solicitar la revisión individual de las medidas cautelares.

La respuesta gubernamental llega menos de 24 horas después de que el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, enviara una carta "conminatoria" al presidente Rodrigo Paz, exigiendo el cese inmediato de lo que calificó como "persecución judicial" y la liberación de los dirigentes arrestados durante las protestas.

En el documento enviado a la matriz sindical, el Ejecutivo rechazó el uso de acusaciones generalizadas contra los movimientos sociales, asegurando que cualquier investigación penal se ceñirá estrictamente a hechos concretos y al debido proceso.

“El Gobierno nacional solicitará al Ministerio Público la revisión individual de las medidas cautelares, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos fundamentales”, indica.

Sin embargo, las autoridades aclararon que esta revisión técnica no se traducirá en una liberación automática ni en un perdón generalizado. El Ejecutivo enfatizó la necesidad de diferenciar la protesta pacífica de los actos delictivos:

“No corresponde una amnistía general ni una liberación automática fuera de los procedimientos legales. La amnistía, en los casos que corresponda, debe tramitarse conforme a la Constitución Política del Estado y con aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, remarcó el Ejecutivo.

Otras demandas

Más allá del ámbito judicial, la respuesta gubernamental abordó otros puntos críticos de la agenda de la COB con el fin de viabilizar la pacificación del país.

Entre los compromisos asumidos por la administración del presidente Paz destaca la ratificación de que no se impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales a intereses privados.

También garantiza que no se apoyará ninguna normativa orientada a criminalizar las manifestaciones pacíficas y se compromete a transparentar toda negociación, crédito o acuerdo de financiamiento externo con organismos internacionales.

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