La Cámara de Transporte Pesado se declaró en estado de emergencia y alertó que podría asumir medidas de presión si el Gobierno no atiende de manera inmediata sus demandas, en medio de las pérdidas acumuladas por los prolongados bloqueos en las carreteras del país.

La dirigencia del sector se trasladó a la ciudad de La Paz, donde inicialmente sostuvo una reunión interna para definir una postura común. Posteriormente, los representantes se dirigieron al Palacio de Comunicaciones para instalar un encuentro con el viceministro de Transporte, en busca de respuestas concretas a su situación.

El conflicto se origina en el impacto económico generado por los 46 días de interrupciones en las rutas nacionales, lo que ha impedido a los transportistas cumplir con la devolución de contenedores a las líneas navieras dentro de los plazos establecidos.

Como consecuencia, el sector enfrenta elevadas multas por el retraso, una situación que califican como ajena a su responsabilidad. En ese marco, los transportistas plantearon dos demandas centrales: la ampliación del tiempo permitido para el uso de contenedores sin penalización y la exoneración de las sanciones económicas acumuladas durante los días de bloqueo.

Los representantes del transporte pesado señalaron que acuden al diálogo con la expectativa de alcanzar soluciones definitivas que alivien la presión financiera que atraviesa el sector. Se prevé que en las próximas horas tanto las autoridades como la dirigencia emitan un informe oficial sobre los resultados de la reunión.

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