La jornada 38 de conflictos y bloqueos en Bolivia comenzó este domingo con restricciones en carreteras que continúan afectando a seis departamentos del país. De acuerdo con datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registran 85 puntos de bloqueo activos.
Según el mapa de transitabilidad de la entidad estatal, Cochabamba concentra la mayor cantidad de cortes con 29 rutas interrumpidas, seguido por La Paz con 19. Potosí reporta 15 bloqueos, Oruro 12, Chuquisaca 9 y Santa Cruz mantiene un punto activo en el municipio de San Julián, en la vía que conecta con el departamento del Beni.
Las medidas de presión, impulsadas principalmente por sectores campesinos y afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), se han sostenido durante varias semanas. Esto ocurre pese a los operativos desplegados por la Policía y las Fuerzas Armadas en distintos puntos del país, con el objetivo de restablecer el tránsito y permitir el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.
Ley sancionada en el Legislativo
En paralelo a la conflictividad social, el escenario político también registró un avance significativo. Tras cerca de 14 horas de debate, la Cámara de Diputados sancionó en la madrugada de este domingo la ley que regula los estados de excepción en Bolivia, remitiéndola al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La normativa establece que el presidente podrá declarar Estado de excepción mediante decreto supremo en situaciones como amenazas a la seguridad del Estado, riesgos externos, conmoción interna o desastres naturales.
Asimismo, contempla la participación de las Fuerzas Armadas cuando la Policía sea sobrepasada, previa convocatoria del mandatario. El Ministerio Público, por su parte, mantendrá sus funciones de manera continua y coordinará con las fuerzas del orden en la investigación de delitos de orden público.
El texto también precisa que el uso de la fuerza en operaciones conjuntas debe ser “excepcional, diferenciado y estrictamente necesario para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida y la seguridad de la población, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado”.
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