El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5618 para anular las fiscalizaciones y deudas coactivas de la Caja Nacional de Salud (CNS) contra las cooperativas mineras auríferas, estableciendo un nuevo marco para la regularización de sus aportes a la seguridad social.
Según el reporte oficial, esta norma deja sin efecto todas las fiscalizaciones realizadas por la CNS a los «Seguros Delegados» de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) desde enero de 2016 hasta diciembre de 2025.
Asimismo, se anulan las Notas de Cargo emitidas por la División Coactiva de la CNS contra estas cooperativas por el mismo periodo (2016-2025), lo que representa un monto superior a los Bs 95 millones (Bs 60,5 millones de Ferreco y Bs 35,8 millones de Fecoman).
No es perdonazo
El Gobierno aclaró que no se trata de un «perdonazo», sino de una regularización técnica, debido a que sin condonación no existe perdón de deudas, el objetivo es auditar y revisar los aportes del periodo 20013-2016.
Se realizó un rastreo de fondos, dado que el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales en Bolivia (Senarecom) debía debitar automáticamente el 1,8% de los aportes, se busca verificar el destino y registro de esos recursos.
Vacío normativo
Existe un vacío normativo. Se identificó que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) carece de regulaciones adecuadas para fiscalizar «seguros delegados» en cooperativas, cuya naturaleza jurídica es distinta a la de empresas privadas o públicas.
Fiscalización
El Decreto Supremo 5618 es un nuevo mecanismo, que busca crear un instrumento de fiscalización específico para el sector minero cooperativo y realizar una revisión técnica-contable de los aportes devengados.
Existe un compromiso de pago, tras la nueva auditoría, si se determinan deudas reales con la CNS, las cooperativas se han comprometido a cancelarlas de inmediato.
La finalidad es garantizar la seguridad jurídica y transparencia mediante un proceso justo adaptado a la realidad del sector.
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