Mediante el Decreto Supremo 5619, el Gobierno nacional aprobó un reglamento para el control de la calidad de los carburantes que se producen, importan, se transportan y comercializan en el país. Asimismo, se establecen las infracciones y sanciones económicas por la vulneración de la norma.

El reglamento comprende la toma de muestras en diferentes puntos de la cadena y el análisis de laboratorio para controlar la calidad de carburantes, como la gasolina, diésel, Jet Fuel y kerosene. 

Establece que las estaciones de servicios no podrán realizar la comercialización de los combustibles, hasta la recepción de los resultados del análisis completo que cumpla las especificaciones de calidad.

El reglamento determina un régimen infracciones leves, graves y muy graves. En esta última categoría, se enmarcan irregularidades como adulterar los carburantes o distribuir combustibles que no cumplan las especificaciones.

Las sanciones se impondrán en Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). Las faltas leves se castigan con 3.000 UFV, mientras que las muye graves pueden llegar a las 200.000 UFV según el volumen comercializado.

Entre las especificaciones, se demanda un octanaje de al menos 85 para la gasolina especial y 91 para la súper. También se exige que sea cristalina, de apariencia incolora a ligeramente amarillo.

El reglamento surge después de una polémica prolongada por meses, debido a la comercialización de gasolina desestabilizada que dañó vehículos en el país. 

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