La Defensoría del Pueblo y la Diócesis de El Alto, ante la situación de conflictividad social y los bloqueos que persisten en distintas regiones del país, sobre todo en el departamento de La Paz, expresaron su preocupación por el impacto humano, económico y social que esta crisis está provocando en miles de familias bolivianas. 

Como instituciones comprometidas con la defensa de la dignidad humana, la paz social y el respeto de los derechos fundamentales, exhortamos a todos los actores involucrados a actuar con responsabilidad, sensibilidad y vocación democrática.

Reconocemos que toda persona y sector social tiene derecho a expresar sus demandas y reivindicaciones dentro del marco constitucional; sin embargo, ninguna medida de presión debe poner en riesgo derechos esenciales como el acceso a la salud, la alimentación, la integridad personal y la libre circulación de la población.

Hoy vemos con preocupación que muchas comunidades enfrentan dificultades para recibir alimentos y medicamentos; productores que no pueden trasladar sus cosechas; pacientes y personal médico que encuentran obstáculos para movilizarse; y numerosas familias que viven en condiciones de incertidumbre y angustia.

Por ello, hacemos un llamado urgente:

• A los sectores movilizados, para permitir corredores humanitarios y garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible.

• A las autoridades del Estado, para promover espacios de diálogo efectivos y soluciones pacíficas, evitando toda acción que agrave la confrontación y la crisis económica.

• A los líderes políticos y sociales, para actuar con prudencia y evitar discursos que incentiven la violencia o profundicen la división malsana entre bolivianas y bolivianos.

• A recordar uno de los principios que se encuentra en el Artículo 8 de la Constitución Política del Estado: ivi maradi (la “tierra sin mal”), que se construye cuando ningún boliviano le hace el mal a otro boliviano, bajo ningún motivo y circunstancia.

La actual coyuntura exige poner en el centro a las personas, especialmente a quienes viven en situación de vulnerabilidad. Ninguna diferencia política o sectorial puede estar por encima de la vida, la salud y la convivencia pacífica.

Bolivia necesita reencontrarse en el camino del entendimiento, la escucha y el respeto mutuo. La paz no es ausencia de demandas, sino la capacidad de resolverlas mediante el diálogo razonado y la búsqueda del bien común que nos abrace a todos y todas por igual. Invitamos a la ciudadanía a mantener la serenidad, la solidaridad y el compromiso con la paz social y, sobre todo, con una esperanza activa que compromete a cada uno de nosotros a ser siempre parte de la solución y no de los problemas de nuestro país. La Paz, 15 de mayo  de 2026 

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