Parlamentarios de Tarija, a través de un memorial en el Tribunal Agroambiental (TA), solicitaron a la Sala Plena disponer como medidas cautelares ambientales de carácter temporal, la suspensión de todo acto de ejecución del proyecto de Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X-3 en Tariquía hasta que se garantice la evaluación ambiental y consulta previa destinadas a evitar daños graves o irreversibles al medioambiente y a los derechos colectivos de la población. Además solicitaron medidas de protección en favor de personas, comunidades y líderes ambientalistas que actuaron en defensa del área protegida y que ahora son perseguidos, hostigados y procesados en la vía penal por impedir el ingreso de la empresa Petrobras Bolivia S.A a la exploración de gas.

En enero de este año, a solicitud del Defensor del Pueblo, el juez Agroambiental de Entre Ríos (Tarija) dispuso una pausa ambiental por 30 días en el proyecto de perforación de un pozo hidrocarburífero en Tariquia, empero al cumplirse este plazo, la Defensoría pidió una ampliación de esa medida cautelar, esta vez el juez lo rechazó. 

La diputada Adriana Aguirre (Libre), en entrevista con Correo del Sur Radio, informó que a lo largo del proceso se evidenció un serio riesgo ambiental si se concreta la actividad hidrocarburífera sin que se realicen los estudios de evaluación del impacto ambiental acordes a la magnitud de lo que significa este proyecto. 

“Estamos pidiendo que sea la Sala Plena del TA la que se avoque y resuelva el tema. Además se cambie la medida cautelar a preventiva directa, una acción directa ambiental donde se exija la paralización la actividad hidrocarburífera hasta que se garantice que no habrá un daño irreversible a los acuíferos y al ecosistema (en Tariquia)”, señalo la parlamentaria.

Agirre dijo que exhortan al TA, conocer, resolver esta compulsa planteada por las autoridades de Gobierno, en el marco de la jurisprudencia generada con la acción directa de protección del Jaguar y de su hábitat.

Entre los demandados están el Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Planificación Desarrollo y Medioambiente y la Procuraduría General del Estado, quienes plantearon un recurso de compulsa que fue admitido y desde el 28 de marzo espera una resolución en el TA.

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