El Gobierno puso bajo la lupa el Museo de Orinoca y abrió una investigación por la contratación directa de la obra y dudas sobre la viabilidad del proyecto, que demandó una inversión millonaria.

“En el caso concreto de este museo, existen dos vertientes que inicialmente se tienen que investigar. Uno, la justificación. (...) Y dos, ¿por qué se permite la contratación directa de este proyecto? (...) Por lo que a partir de estos dos elementos sí está en investigación este proyecto de inversión pública”, afirmó el viceministro de Transparencia, Yamil García, en La Tarde en Directo de Erbol.

La obra implicó más de Bs 47 millones en infraestructura y cerca de Bs 2,5 millones en equipamiento. Según la autoridad, se debe analizar si la inversión, que bordea los Bs 49 millones, generó beneficios reales o retorno económico para la población.

García explicó que la investigación se centra en dos ejes: la justificación del proyecto en la fase de preinversión y las razones por las que se optó por una contratación directa en lugar de una convocatoria pública.

En ese marco, indicó que deberán asumir responsabilidades tanto las autoridades que aprobaron el proyecto como quienes definieron su costo, además de quienes autorizaron la modalidad de contratación.

El caso se enmarca en la supresión de 161 decretos, a través del Decreto Supremo 5600, que permitían contrataciones directas. El Gobierno prevé múltiples investigaciones para evaluar transparencia, legalidad y posible daño económico al Estado.

Como otro ejemplo, la autoridad mencionó contrataciones de abogados internacionales gestionadas por la Procuraduría, donde se realizaron 12 procesos, de los cuales 10 fueron adjudicados al mismo bufete, con pagos que superan los Bs 54 millones.

Asimismo, señaló que entidades como el Ministerio de la Presidencia, empresas públicas como BoA y Yacimientos de Litio Bolivianos también utilizaron estos mecanismos, que permitían invitaciones directas e incluso cláusulas de confidencialidad sobre montos y contratistas.

“Este decreto lo que hace es suscitar justamente que todos los ministerios y entidades comiencen a revisar hacia atrás que contrataciones directas se han realizado de proyectos de inversión a través de estos 161 decretos y se pueda hacer una evaluación”, afirmó García.

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