La red del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset movía toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y luego blanqueaba las ganancias –decenas de millones de dólares– mediante empresas fachada, facturas falsas y transferencias a través del sistema bancario estadounidense. Así lo detalla la acusación formal presentada en 2024 ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia, documento que cobró relevancia este fin de semana tras la captura de Marset en Bolivia y su traslado inmediato a Estados Unidos en un avión de la DEA.
El documento judicial precisa que en enero de 2021 Marset esperaba recibir más de 17 millones de euros por un único envío de cocaína a Europa. Según la acusación, “Marset y Federico Santoro (colaborador) organizaron el cobro y el blanqueo de al menos 5 millones de esos euros, la gran mayoría de los cuales fueron blanqueados utilizando el sistema bancario estadounidense”.
Como figura clave del esquema financiero aparece el paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo. El documento indica que “Santoro dirigiría el movimiento de los fondos a nivel internacional” y que él y sus cómplices “ocultarían el origen de los fondos creando facturas falsas para justificar la transferencia”.
En algunos casos, el efectivo era entregado mediante mensajeros que dejaban maletas en carreteras europeas para luego ingresarlo al circuito bancario.
Se estima que Santoro movió al menos ocho millones de dólares en menos de cinco meses a través de bancos corresponsales en Estados Unidos, uno de cuyos servidores estaba ubicado en Richmond, Virginia, lo que permitió a las autoridades estadounidenses asumir jurisdicción.
La acusación también detalla que “Marset facilitó el movimiento de millones de dólares de las ganancias de la droga desde varios países de Europa a América del Sur y otros lugares en el extranjero”, y que la red utilizó al menos siete empresas registradas en distintos países para simular operaciones comerciales.
El objetivo, según la fiscalía, era convertir esas ganancias en dólares y retornarlas a Sudamérica de forma encubierta para financiar nuevas operaciones criminales. La acusación además señala que integrantes de la organización recurrieron a amenazas de violencia para proteger sus actividades.
Santoro fue condenado en 2025 a 15 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero.
