“Se trata de un documento elaborado hace dos años, carente de legalidad y consistencia técnica, que no siguió los procedimientos correspondientes ni consideró la totalidad de la documentación del proceso, y que además fue realizado desde Sucre a encargo”, manifestó.

El documento del IDIF fue difundido por Jesús Vera, denunciante de Revilla. El mismo señala un daño económico de 47 millones de bolivianos, por cuestiones como un presunto sobreprecio.

Revilla negó que haya sobreprecio. Explicó que, para imputarlo, se tomó en cuenta sólo el monto de la póliza de importación de los buses que detalla el precio de fábrica, pero no así componentes esenciales como seguro, flete internacional, almacenaje, costos financieros, impuestos y utilidad empresarial.

“No hay sobreprecio, no hay daño económico y no hay delito”, concluyó,

Indicó también que el informe cuestionado se sustenta en documentos de la primera convocatoria —que fue declarada desierta— y no en la segunda convocatoria, que fue la efectivamente adjudicada, lo que compromete totalmente su validez técnica, según nota de prensa.

Asimismo, estableció que la designación del perito no fue notificada oportunamente a las partes y que el trabajo se realizó sin presencia física en La Paz ni revisión integral del proceso.

El exalcalde cuestionó al denunciante Vera, por estar implicado en la quema de los buses ocurrida en 2019.

Finalmente, anunció que iniciará un proceso legal por difamación contra Vera, señalando que la acusación en su contra se basa en errores técnicos y omisiones deliberadas.

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