Según la directora ejecutiva del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Cecilia Miranda Chávez, pese al ataque, el juez logró constatar “la magnitud de los daños denunciados por el SERNAP antes de la interrupción”. La autoridad afirmó que los desmontes y la contaminación ocasionados por la minería ilegal en esta zona crítica del Parque Nacional Tunari son evidentes.
Miranda denunció además el robo del expediente físico del caso y aseguró que, pese a la falta de documentación, “la resolución judicial será favorable a la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad que abastece a la región”.
La inspección, realizada el pasado 18 de febrero, contó con la participación del Juzgado Agroambiental de Independencia, representantes del Viceministerio de Minería, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la Gobernación de Cochabamba, la Alcaldía de Morochata y la Brigada Parlamentaria. La comitiva fue interrumpida violentamente por comunarios afines a la minería durante el procedimiento.
El SERNAP detalló que las actividades ilegales en la zona comenzaron el 10 de octubre de 2025, cuando su equipo técnico verificó la apertura de caminos ilegales para minería en Chuwaña, tras una denuncia de la Sub Central de Trabajadores Campesinos de la comunidad Parte Libre.
A pesar de la Resolución Administrativa 300/2025 emitida por el SERNAP y notificada a los responsables, incluida la persona identificada como Cándido A.S., la actividad ilegal persistió, motivando la presentación de una demanda de Medida Cautelar Ambiental en diciembre del año pasado para proteger el patrimonio natural.
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