La Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente el secuestro y tortura sufridos por un periodista en El Alto el 12 de febrero, calificando el ataque como una «violación grave al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión». La institución destacó que este tipo de agresiones no solo afectan a la víctima, sino que tienen un impacto negativo sobre la sociedad, al limitar el derecho a la información y al libre ejercicio de la prensa.

En un comunicado emitido este domingo, la Defensoría reiteró que estos actos son una violación grave a los derechos fundamentales de la persona, especialmente a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo, pilares fundamentales de la democracia. «Este ataque no solo vulnera la integridad física y psicológica del periodista, sino que también atenta contra el derecho de la sociedad a acceder a información libre y veraz», destaca el pronunciamiento oficial.

El ataque, denunciado públicamente por la Confederación Nacional de la Prensa, ocurrió cuando el periodista realizaba un trabajo de investigación en la ciudad de El Alto. Según lo informado por fuentes cercanas al caso, el comunicador fue secuestrado y sometido a agresiones físicas por parte de individuos no identificados. En respuesta, la Defensoría hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, con el fin de esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia.

La Defensoría del Pueblo recordó que, conforme a los tratados internacionales y la legislación nacional, el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas y garantizar que puedan desempeñar su labor sin temor a represalias. «El Estado tiene el deber de prevenir, investigar y sancionar actos de violencia contra los periodistas, tal como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos», destacó el comunicado.

En este contexto, la Defensoría también instó al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a implementar las medidas necesarias para proteger tanto a la víctima directa como a otros profesionales de la prensa que pudieran estar en situación de riesgo. Además, la institución señaló que seguirá de cerca el desarrollo de las investigaciones para asegurar que no haya impunidad en este caso.

Este hecho se suma a una serie de ataques y amenazas contra periodistas en el país, lo que ha generado preocupación entre los medios de comunicación y organizaciones defensoras de los derechos humanos. La Defensoría expresó su compromiso con la protección del libre ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos fundamentales de los comunicadores

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