La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó este miércoles la cancelación de la personalidad jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y de la agrupación ciudadana Movimiento de Organización Popular (MOP), lo que inhabilita definitivamente a sus candidatos para las elecciones subnacionales 2026. Ante los anuncios de procesos por parte de los afectados, el ente electoral afirmó que “no cederá ante ningún tipo de presión” y advirtió con recurrir a las instancias competentes si persisten las amenazas.
Mediante la Resolución 45/2026, leída por el secretario de Cámara, Fernando Arteaga, el TSE también rechazó las impugnaciones presentadas por estas organizaciones políticas y confirmó la extinción de la alianza “Nuevas Ideas”, conformada por UCS y Poder del Pueblo.
La determinación deja fuera de la carrera electoral a figuras como el exdiputado Rafael “Tata” Quispe, postulante a la Gobernación de La Paz, ya que la norma establece que los candidatos inhabilitados no podrán registrarse nuevamente en otra organización política ni alianza para el mismo proceso electoral.
Tras darse a conocer la determinación, el vocal Carlos Ortiz dio lectura a un pronunciamiento del TSE en el que denunció una “campaña sistemática de desinformación y amedrentamiento” contra los vocales por parte de algunos candidatos. Ortiz remarcó que las resoluciones se fundamentan en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, de aplicación directa para aquellos partidos que no alcanzaron el 3% de la votación válida en los últimos comicios, situación que también afectó recientemente a Acción Democrática Nacionalista (ADN). “El Tribunal Supremo Electoral no cederá ante ningún tipo de presión ni amenaza (…) Se trata de determinaciones imparciales y transparentes en las que no se consideran intereses particulares”, aseveró Ortiz, quien enfatizó que esa será la última vez que la Sala Plena se pronuncie sobre dichas alusiones.
Por su parte, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, respondió a las advertencias de acciones legales vertidas por los frentes inhabilitados. La autoridad aclaró que el cumplimiento de la ley no tiene margen de discrecionalidad y fue tajante respecto a la seguridad de los miembros del ente electoral.
