En las últimas horas surgieron dudas sobre la viabilidad del pago de la Renta Dignidad con el incremento a Bs 500, aprobado por el Gobierno mediante el Decreto Supremo 5516. Especialistas advirtieron que este ajuste no podría aplicarse de manera inmediata, debido a que la Ley 3791, que regula este beneficio desde 2007, aún no ha sido modificada en concordancia con el decreto.

Ante estas observaciones, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Gobierno trabaja en la interpretación legal correspondiente para garantizar el pago. “Estamos trabajando en la interpretación esa, el pago está garantizado, vamos a ver cómo se va a instrumentalizar, obviamente, de acuerdo a todos los preceptos legales que así lo demanden”, manifestó este lunes.

La autoridad remarcó que, independientemente del mecanismo que se utilice, el beneficio será cancelado. “Pero el pago se lo va a hacer, ya sea con esta interpretación o con la ley o la ley financial, pero está completamente asegurado”, sostuvo.

El Decreto Supremo 5516, aprobado por la administración del presidente Rodrigo Paz, establece en su artículo 10 que “se incrementa la Renta Dignidad para todas las personas que reciben este beneficio y no tienen aportes contributivos en Bs 150”, lo que eleva el monto total a Bs 500.

Este aumento se sustenta en el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que está dirigido a los beneficiarios que no perciben una jubilación de la Seguridad Social de Largo Plazo. El programa contempla un apoyo económico por un periodo de 12 meses consecutivos, con un tope anual de Bs 1.800.

Desde el Ejecutivo reiteraron que el compromiso es garantizar el pago a los adultos mayores, mientras se ajustan los procedimientos legales necesarios para la aplicación plena del incremento.

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