El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que el Ministerio Público admitió la denuncia presentada contra dos directorios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dentro del proceso conocido como Botrading II, relacionado con presuntos hechos de corrupción en la estatal petrolera.
“Se ha aceptado esta investigación y no son solo seis de esa instancia de Yacimientos, que han autorizado todo esto que ha ocurrido”, afirmó la autoridad durante una conferencia de prensa realizada este miércoles al mediodía.
León La Faye también anunció que el siguiente paso de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos será un viaje a Paraguay, con el objetivo de recabar información clave sobre el caso. “Lo que está previsto es poder realizar acciones en el Paraguay”, señaló, en referencia a las diligencias internacionales que se alistan.
Explicó que el caso Botrading II, radicado en Santa Cruz, investiga “el préstamo que le hace Yacimientos” a la empresa, además de “los honorarios profesionales y algún que otro hallazgo más” detectado en el proceso.
De acuerdo con los informes de la Procuraduría y la comisión investigadora, YPFB habría prestado 80 millones de dólares a Botrading, pero solo existe “constancia de devolución” de 25 millones, lo que generaría un daño económico estimado en 55 millones de dólares.
Asimismo, se indaga el pago de 1,5 millones de dólares a una ciudadana paraguaya que formó parte de Botrading y que, a la vez, integraba un estudio jurídico. “La que tenía una acción de Botrading era una ciudadana paraguaya y era a la vez integrante de un estudio jurídico el cual ha cobrado un millón y medio de dólares por honorarios profesionales”, detalló el procurador.
El funcionario remarcó que “todos esos procesos están en investigación y tramitación”, y que se continuará con las indagaciones hasta esclarecer completamente los hechos.
Paralelamente, en La Paz se sigue el proceso Botrading I, donde se investigan 12 contratos firmados con YPFB para la importación de combustibles con presunto sobreprecio. En este caso, se calcula un posible daño económico superior a los 800 millones de dólares.
El principal investigado en este proceso es el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien, según reportes, fue visto recientemente en Brasil.
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