El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen posiciones enfrentadas por el decreto que puso fin al subsidio a los combustibles, vigente durante más de veinte años, en vísperas del diálogo previsto para el próximo lunes, mientras los sindicatos exigen la abrogación de la norma y la aprobación de un nuevo texto consensuado.
Estas son las claves del conflicto que mantiene movilizados hace doce días a los sindicatos de mineros, fabriles y maestros:
Bolivia en «emergencia económica»
El Gobierno de Rodrigo Paz dictó el pasado 17 de diciembre el decreto 5503, que fijó precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros. La medida fue adoptada para enfrentar la escasez de dólares que afecta al país.
Esto supone aumentos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años, aunque la medida va acompañada del incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), así como de aumentos en los bonos para escolares del sistema público y adultos mayores.
Además, la norma otorga incentivos a la inversión nacional y extranjera, lo que cuestiona la COB al considerar que podrían favorecer la transferencia de recursos y empresas estatales a capitales privados.
Firma de acuerdos
La huelga indefinida de la COB inició el pasado 22 de diciembre, aunque los primeros en llamar a la protesta fueron los transportistas, quienes días previos a la aplicación de la medida firmaron acuerdos con el Gobierno.
El Ejecutivo de Paz consiguió que los diferentes sindicatos de transportistas se retiraran de la protesta con el compromiso de trabajar en temas tributarios y aduaneros.
Finalmente, el repliegue de los chóferes no impidió que los sectores afines a la COB se movilizaran para exigir al Gobierno la abrogación del decreto.
Marchas y enfrentamientos
La movilización de la COB se concentró principalmente en La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento de Bolivia, donde hubo varias jornadas de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, respaldadas por marchas en otras ciudades del país.
Para los dirigentes de la COB, el Gobierno obró «unilateralmente» y el retiro de la subvención debió ser progresivo para evitar un efecto adverso en la población.
El Gobierno reiteró que mantendrá la medida y destacó que el fin de la subvención ahorra 10 millones de dólares diarios, elimina las filas en las gasolineras y reduce en un 50 % la demanda interna de diésel.
Vicepresidente «opositor»
El retiro de la subvención también agravó las diferencias entre el presidente Paz y su vicepresidente Edmand Lara, ya deterioradas desde el inicio de la segunda vuelta electoral, tras una serie de críticas que este último lanzó contra el Gobierno a través de TikTok.
Antes de Navidad, Lara publicó un video en el que dijo que Paz «es un corrupto» y «hábil para engañar», y también arremetió contra los ministros, a quienes llamó «pelotudos» (sic), por «causar una convulsión social» con el decreto.
El vicepresidente, que ya había dicho que no era parte del Gobierno, se definió como parte de una «oposición constructiva», además de apoyar abiertamente las protestas de la COB.
Nuevo intento de diálogo
El Gobierno de Paz llamó a la COB a instalar una negociación el lunes, invitación que fue aceptada por el principal sindicato de los trabajadores de Bolivia que, pese a ello, mantiene sus protestas en La Paz.
Asimismo, el ente sindical convocó a los sindicatos obreros a una concentración el sábado en la localidad de Calamarca, a unos 70 kilómetros al sur de La Paz, para luego marchar hacia la sede de Gobierno y recién después asistir al diálogo con el Ejecutivo.
La Central Obrera Boliviana llamó a «continuar con las movilizaciones» hasta conseguir la «abrogación» del decreto.
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.
