La Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento y monitoreo permanente a la situación de conflictividad social generada en distintos puntos del país, tras la implementación del Decreto Supremo N.º 5503, con el objetivo de prevenir vulneraciones de derechos humanos y contribuir a la preservación de la paz social, informó la institución en una nota de prensa.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya articuló el seguimiento a través de sus delegaciones defensoriales departamentales y unidades regionales, desplegando servidores defensoriales en mercados, terminales de buses, estaciones de servicio, centros de abasto y vías estratégicas, identificando como principales hallazgos el incremento significativo de tarifas del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental, la alta afluencia de personas en estaciones de servicio, así como reacciones de la población ante el temor de un aumento en los precios de la canasta familiar.

En departamentos como Oruro, Potosí, Tarija, La Paz y El Alto, se constató un aumento de entre el 50% y el 100% en los costos del transporte, además de anuncios de estados de emergencia y posibles medidas de presión por parte del sector transportista. En algunos casos, se verificaron bloqueos temporales de vías durante las primeras horas de la jornada, los cuales fueron monitoreados de manera directa por personal defensorial, contribuyendo a la identificación temprana de riesgos y a la prevención de enfrentamientos.

Asimismo, en regiones fronterizas como Pisiga y Villazón, se evidenció el incremento de precios en servicios de alimentación y pasajes, así como una mayor demanda en ferias y centros de abasto, mientras que en otros departamentos, como Pando y Bermejo, si bien no se registraron medidas de protesta, se observó el reajuste de tarifas de combustible y expresiones de preocupación ciudadana.

Frente a estos escenarios, la Defensoría del Pueblo realizó intervenciones defensoriales orientadas a la protección de los derechos a la circulación, a la alimentación, a la información y a la protesta pacífica, promoviendo el diálogo directo con pasajeros, transportistas y autoridades locales, y coordinando acciones con instancias competentes como la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y gobiernos municipales.

La institución defensorial emitió un pronunciamiento en el que recuerda que las manifestaciones y protestas sociales constituyen una expresión de derechos fundamentales; no obstante, estas deben desarrollarse de manera pacífica, sin afectar los derechos de terceras personas, garantizando el libre tránsito de ambulancias, el abastecimiento de alimentos y el acceso a servicios esenciales.

Asimismo, a través del pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo remarca que continuará con el monitoreo preventivo y la presencia territorial en los nueve departamentos del país, reafirmando su disposición para coadyuvar, en el marco de sus competencias, en la facilitación de espacios de diálogo que permitan encauzar la conflictividad social por vías pacíficas y democráticas, con especial atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

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