El caso por el desfalco millonario del Fondo Indígena durante el mandato de Evo Morales sigue dando de qué hablar mientras se busca sancionar a los responsables y esclarecer el nivel de involucramiento de los señalados dentro de uno de los escándalos de corrupción más controversiales del país.
Recientemente, la exdiputada Lidia Patty y el expresidente del Estado, Luis Arce, fueron enviados a distintas cárceles con detención preventiva, mientras continúan las investigaciones. Las irregularidades involucraron a varios funcionarios del gobierno de Morales y exdirigentes campesinos, quienes fueron acusados de malversación de fondos.
En ese contexto, el abogado Eduardo León remitió una solicitud a la Fiscalía General para convocar a exdirigentes campesinos que recibieron dinero en sus cuentas privadas. Se trata de una lista de más de una treintena de nombres, entre los que figura el de Damián Condori, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y actual gobernador de Chuquisaca.
Los señalados formaron parte de la Csutcb, Bartolinas, Conamaq, Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, Interculturales; además de senadores, diputados y funcionarios del Fondioc.
Consultado por Correo del Sur Radio, sobre el caso de Condori, el jurista explicó que la autoridad cuenta con la documentación que respalda la devolución del dinero que había recibido, al contrario del resto de señalados.
En criterio de León, el caso debe avanzar cuidadosamente respecto a una futura citación o involucramiento del expresidente Morales, a quien, en caso de ser señalado, podría enfrentar un juicio de responsabilidades; sin embargo, “bajo jurisdicción mayor, se arrastraría a todas las personas y quedarían en libertad”, por lo que sugirió “separar algunas cosas y observar la estrategia legal de tal forma que se pueda llevar a una sentencia”.
Respecto a las decenas de acusaciones contra los 14 años de gobierno de Morales, León señaló que existen muchos otros casos en los que se le puede instalar un juicio de responsabilidades para que puede ser sancionado por todo el daño que promovió contra el Estado y la población boliviana.
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