Los cinco exmagistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cesados el pasado martes por dos resoluciones de acción popular, no pueden salir del país debido a la activación de una alerta migratoria en su contra, dentro de una denuncia penal por los delitos de falsedad ideológica y acoso político interpuesta por las magistradas Paola Prudencio (ahora presidenta) y Amalia Laura.
“Se ha procedido a la investigación, hemos emitido las alertas migratorias respecto a los cinco magistrados prorrogados. Así también, al tratarse de un delito de falsedad ideológica y acoso político contra mujeres, se ha dispuesto las medidas de protección en favor de ambas magistradas denunciantes”, informó el fiscal Javier Gorena.
Manifestó que las alertas fueron puestas en conocimiento de la Dirección de Migraciones.
REGISTRO
Este miércoles, la comisión de fiscales que investiga la denuncia registró las oficinas que ocupaban los magistrados en cuestión.
“Nos hemos hecho presentes el día de hoy (por el miércoles). Aproximadamente a las 15:00 hemos tomado contacto con personal, que nos ha permitido el ingreso para hacer el registro, y se ha secuestrado documental que será analizado. Hemos desplegado requerimientos a la Presidencia del TCP y a otras instancias y recolectado todos estos elementos en esta fase preliminar de investigación”, puntualizó Gorena.
El Ministerio Público busca documentación relacionada con los autos constitucionales 002/2025 y 0070/2025. El Fiscal dijo que esa información fue secuestrada por los investigadores de laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
CITADOS
También reveló que los magistrados prorrogados fueron citados para que presenten su declaración informativa. Uno de ellos ya se apersonó. “Se emitieron las citaciones y el martes se recibió la declaración informativa del señor Gonzalo Hurtado. Se está coordinando con el personal de la Felcc y los fiscales asignados al caso”, precisó.
Aclaró que las órdenes de aprehensión contra cuatro de los prorrogados fueron emitidas por un juez de La Guardia, Santa Cruz, dentro de una acción popular, y que a la Policía le corresponde ejecutarlas.
PROTECCIÓN
Según la denuncia, los ahora exmagistrados prorrogados habían dispuesto la emisión de autos constitucionales sin la participación ni conocimiento de Prudencio y Laura.
El fiscal Gorena informó que dentro de las medidas de protección para las magistradas se prohibieron los actos de intimidación, amenazas y comunicación de los denunciados con los denunciantes y los testigos.
CERRADAS
El magistrado del TCP, Edson Dávalos señaló que las oficinas de los cinco prorrogados permanecerán cerradas hasta que la Fiscalía determine qué sucederá con la documentación que hay dentro y que intentaron sacarla el martes, cuando dos salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz, cesaron en sus mandatos a los exmagistrados.
Ortega: Se restituye la institucionalidad
El magistrado del TSJ por Chuquisaca, Carlos Ortega, afirmó que el alejamiento de los magistrados prorrogados representa la recuperación de la institucionalidad del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial. Reveló también que las autoridades electas en diciembre de 2024 estaban conscientes de que no iban a concluir esta gestión conviviendo con sus colegas cuyo mandato había sido ampliado indefinidamente.
