Las instituciones participantes del “Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial” determinaron el viernes que el Estado debe incrementar a corto plazo el presupuesto de la justicia que alcance a un 5 por ciento del Tesoro General de la Nación (TGN) para consolidar la independencia y hacer que el Órgano Judicial se desligue del poder político.
A la conclusión del evento en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC), el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, dio lectura a las conclusiones de las cuatro mesas de trabajo en las que ha establecido la ruta a seguir para consolidar estos acuerdos con miras a una reforma de la justicia en Bolivia.
La autoridad anunció que de “manera inmediata” se enviarán las conclusiones de este Diálogo a los órganos Ejecutivo y Legislativo.
La mesa 2, que debatió la evaluación del presupuesto del Órgano Judicial, concluyó que se necesita una mayor asignación. “Se ha justificado la necesidad de asignar un presupuesto mínimo sobre la base del 5% del Tesoro General de la Nación, que permita garantizar la independencia judicial”, dijo Saucedo que leyó las conclusiones.
En otra mesa de trabajo se planteó una ley de carrera judicial vertical para promover a los administradores de Justicia por méritos para que no lleguen a ser autoridades profesionales que no conocen el trabajo en los juzgados y jamás litigaron.
También se acordó que en la mesa 1 se aprobó la solicitud de cesación de los magistrados del TCP que continúan ejerciendo funciones por ampliación de mandato constitucional.
Estas conclusiones deben materializarse en coordinación entre los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo para la transformación de la justicia en Bolivia, señaló el magistrado del TSJ por Chuquisaca, Carlos Ortega. “No queda más en trabajar ahora en este ámbito de materialización, de poner en práctica todo lo discutido para ir transformando la justicia”, apuntó a CORREO DEL SUR, luego del encuentro.
Al evento promovido por el Órgano Judicial asistieron el presidente del Estado Rodrigo Paz; el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; los presidentes del TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura; el presidente del Senado, Diego Ávila; los vocales del TSE, Gustavo Ávila, Yajaira San Martín y otros invitados. No llegaron el vicepresidente Edmand Lara ni el ministro de Justicia, Freddy Vidovic.
“UN CAPATAZ”
El presidente Saucedo, en su discurso de inauguración del evento, cuestionó la injerencia política en el judicial y apuntó al Ministerio de Justicia como un “capataz que dirigía los hilos de la justicia”.
Saucedo se refirió a la situación económica por la que atraviesa el sistema judicial y señaló que los recursos son insuficientes para la operatividad del Órgano Judicial.
“No podemos seguir yendo todos los años a extender la mano al Ministerio de Economía y decirles dennos plata para que funcionemos como Órgano Judicial, y llegar al mes de octubre y decir que nos faltó plata para pagar sueldos, para comprar tóner. No podemos seguir trabajando de esa manera”, dijo Saucedo.
Habló de la necesidad de que el Órgano Judicial debe ser independiente y que el trabajo para transformar la Justicia debe involucrar a varias instituciones públicas y al propio Gobierno.
“Antes había un capataz que dirigía la justicia; hoy en día es el Órgano Judicial el que ha decidido invitar al pueblo boliviano. Queremos escuchar a nuestro pueblo”, afirmó la autoridad judicial.
Autoridades coinciden en separar la justicia de la política
En la inauguración, los presidentes de las tres instancias del Órgano Judicial –TSJ, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental– coincidieron por separado en afirmar que se requiere normas que regulen sus actividades; recursos económicos para hacerlos sostenibles y alejarse del poder político.
