El Consejo de la Magistratura abrió una investigación sobre un fallo constitucional dictado por la Sala Constitucional del Beni que involucra al comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo.
“El vicepresidente (Edmand Lara) hizo una declaración pública en el entendido de que habría habido una Sala Constitucional en el Beni que resolvió el inicio de un proceso penal y un proceso disciplinario en la Policía Boliviana, situación que jamás se ejecutó”, indicó el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, citado por un reporte institucional.
Lara señaló el miércoles que el comandante de la Policía debe dejar su cargo porque, precisamente, incumplió el fallo de la justicia.
El fallo fue emitido tras la denuncia del teniente coronel Erick Rodrigo Gálvez Cabrera, quien interpuso una acción de amparo constitucional por la vulneración de sus derechos al haber sido excluido de cursos de especialización, junto a otros oficiales.
La Sala Constitucional concedió la tutela, ordenando que se les restituyan sus derechos; sin embargo, el Comando General incumplió la decisión constitucional, lo que derivó en la orden de remitir los antecedentes a las instancias correspondientes.
Russo descartó que tenga procesos y rechazó las afirmaciones del vicepresidente.
Baptista explicó que, en condiciones normales, una resolución constitucional de este tipo debe ser cumplida de inmediato por el Ministerio Público, activando los procesos correspondientes por incumplimiento.
Sin embargo, advirtió que en este caso no se habrían activado ni el proceso penal ni el disciplinario, lo cual calificó de inaceptable.
“La ley es máxima y las influencias deben ser cero. Si una persona influyó para que no se remita esta resolución constitucional en su debido momento para su ejecución, cometió evidentemente un delito”, remarcó.
Ante esta situación, el Consejo de la Magistratura dispuso que su Dirección Distrital en el departamento del Beni realice una indagación inmediata para establecer qué ocurrió con el cumplimiento de la sentencia constitucional y determinar posibles responsabilidades en la omisión.
“No puede involucrarse a autoridades tan importantes en nuestro país, como un Comandante General de la Policía Boliviana y otros, sin que exista claridad en el procedimiento judicial”, sostuvo Baptista.
El presidente del Consejo informó que, una vez se reciban los expedientes tanto del caso del ministro de Justicia, Freddy Vidovic, como del comandante general de la Policía, se emitirá un informe público sobre la actuación de los jueces involucrados.
“En caso de determinarse indicios de responsabilidad penal o administrativa, activaremos inmediatamente las acciones correspondientes y gestionaremos las denuncias a través de nuestra Unidad Nacional de Transparencia”, concluyó Baptista.
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