El proceso transitorio de saneamiento de tierras en Bolivia lleva casi 30 años desde que se promulgó la Ley 1715, Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA), una demora que genera inseguridad jurídica y avasallamientos a propiedades privadas. Esto último se ha convertido en un “flagelo social” que merma la seguridad y la soberanía alimentaria, advirtió el presidente del Tribunal Agroambiental (TA), Richard Christian Méndez.
La jurisdicción agroambiental, que desde este año comenzó a intervenir con énfasis en procesos de protección del medioambiente, anunció que se pronunciará con un comunicado para recordarle al Estado sobre su obligación de garantizar la propiedad privada, la seguridad y la soberanía alimentaria, además de la estabilidad institucional.
EL PROBLEMA
La autoridad del TA apuntó al proceso de saneamiento de tierras que ya lleva casi 30 años, desde octubre de 1996, cuando se promulgó la Ley 1715 que, a su vez, creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Este establece un proceso transitorio técnico-jurídico para regularizar el derecho propietario que hasta ahora no ha concluido.
“No puede ser que un proceso transitorio de regularización dure casi 30 años. Ese proceso ya debió haber concluido y garantizar la seguridad jurídica que debe tener la propiedad privada, que es una garantía constitucional”, señaló a los periodistas en Sucre.
“UN CÁNCER SOCIAL”
En criterio de Méndez, el sector productivo es el más golpeado por medidas de hecho como los avasallamientos que están destruyendo los ciclos de la producción en Bolivia. Dijo que le extraña que el nivel central del Estado, particularmente el INRA y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, no se hayan pronunciado al respecto como entes encargados de velar por la correcta tuición de la propiedad agraria.
