Este miércoles se llevó a cabo, a través de la plataforma Zoom, la presentación del plan “Bolivia: De la crisis a la recuperación”, una propuesta integral de transformación y crecimiento que busca servir como base para un entendimiento entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, con el fin de elaborar un programa de estabilización económica de consenso para el país, se lee en una nota de prensa..

Esta iniciativa fue impulsada desde hace más de un año por Ronald MacLean, exalcalde de La Paz y exministro de Economía del país, entre otras carteras, quien convenció al reconocido economista boliviano Augusto López-Claros, para que liderice la elaboración de esta propuesta base. López-Claros fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Foro Económico Mundial y tiene amplia experiencia en programas de reforma económica en diversos países del mundo.

“Tuve el mérito, si cabe alguno, de convencer y animar a Augusto para que liderara este esfuerzo. Es un economista boliviano muy reconocido internacionalmente, con autoridad moral y profesional, y la experiencia necesaria para asumir un papel similar al que cumplió Jeffrey Sachs hace cuatro décadas, aunque en otro contexto”, dijo MacLean.

Señaló que este plan ofrece a Bolivia un marco conceptual para restablecer la estabilidad y promover la recuperación económica, sin sesgos ideológicos ni afinidad con ningún candidato.

“Es un documento neutro, comparable a un protocolo médico: una metodología probada, eficiente y moderna, que proponemos como guía abierta para los representantes de las distintas fuerzas políticas en el Parlamento y la sociedad boliviana. Las variaciones a este esquema deberían ser mínimas, pues toda desviación lo haría más costoso y menos eficaz. Si se adoptara por consenso, este plan, que no pertenece a ninguna facción política, podría convertirse en la herramienta ideal para la pronta recuperación económica del país.”, agregó el exalcalde.

Por su parte, Augusto López-Claros presentó un video de 16 minutos pregrabado en España, en el que explicó los fundamentos y alcances de su propuesta económica. En éste, explicó que Bolivia llega a su Bicentenario enfrentando una profunda emergencia económica que no puede atribuirse a un solo gobierno.

“Llevamos mucho tiempo acumulando déficits fiscales persistentes; nuestra deuda pública crece, las reservas internacionales han caído a niveles históricos, mantenemos un tipo de cambio fijo que convive con un mercado paralelo en expansión y el crecimiento se ha desacelerado hasta el punto de amenazar los logros sociales alcanzados con tanto esfuerzo”, señaló el economista.

Sin embargo, subrayó que la situación puede ser reversible con disciplina y planificación.

“Nada de esto es inevitable. Con un plan pragmático, Bolivia puede estabilizarse en el primer año, retomar el crecimiento en el segundo y mostrar resultados visibles dentro de un solo mandato presidencial”, afirmó.

El plan “Bolivia: De la crisis a la recuperación” fue desarrollado pro bono por López-Claros y un grupo de expertos internacionales, y plantea un marco de políticas públicas basado en experiencias exitosas de estabilización económica en distintas regiones del mundo.

López-Claros concluyó su presentación con un llamado al optimismo y la acción conjunta: “La crisis de Bolivia es real, pero es solucionable. Si hacemos lo correcto, en el orden correcto, podremos pasar rápidamente de la escasez y la duda a la confianza y el crecimiento. Que nuestro Bicentenario sea un nuevo comienzo: el de un país que cumple sus promesas, compite con reglas claras y ofrece a cada boliviano y a cada boliviana una oportunidad justa de prosperar.”

El evento fue seguido por periodistas, especialistas y público en general y contó con la participación de MacLean desde Washington y López-Claros, desde Madrid.

Sobre Augusto López-Claros

Economista boliviano con más de tres décadas de experiencia en organismos internacionales, es doctor en Economía por la Universidad de Duke y licenciado en estadística matemática por la Universidad de Cambridge. Ha sido director del informe Doing Business del Banco Mundial, responsable del Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y representante del FMI en Rusia durante la transición postsoviética. Actualmente preside el Global Governance Forum, dedicado a promover una gobernanza más justa y sostenible a nivel global.

 

Bolivia: De la crisis a la recuperación — Una estrategia económica pragmática

Augusto López-Claros

 

Amigos, colegas, compatriotas:

Permítanme comenzar con franqueza: Bolivia llega a su Bicentenario enfrentando una profunda emergencia económica. Es una situación que se ha venido gestando durante años y no puede atribuirse a un solo gobierno. Pero hoy los hechos son innegables. Llevamos mucho tiempo acumulando déficits fiscales persistentes; nuestra deuda pública crece, las reservas internacionales han caído a niveles históricos, mantenemos un tipo de cambio fijo que convive con un mercado paralelo en expansión y caos, y el crecimiento se ha desacelerado hasta el punto de amenazar los logros sociales alcanzados con tanto esfuerzo.

El Estado gasta mucho, pero no siempre bien. Demasiados recursos se van en subsidios generalizados y proyectos de bajo rendimiento. Muy pocos llegan a las aulas donde aprenden nuestros hijos, a las clínicas donde se atienden las familias, a los sistemas de riego que sostienen la productividad rural o a las redes digitales que abren oportunidades.

Y a estos problemas macroeconómicos se suman debilidades estructurales más profundas que ustedes conocen muy bien. En Bolivia sigue siendo demasiado difícil iniciar o hacer crecer un negocio. Los permisos toman meses, registrar una propiedad puede tomar aún más, y hacer cumplir un contrato puede tardar medio año o más. La informalidad es la norma, lo que reduce la base tributaria y deja a millones de trabajadores sin protección social. El servicio de Internet está entre los más caros de la región, lo que excluye a familias rurales y a las pequeñas empresas.

La corrupción, tanto la pequeña como la grande, erosiona la confianza y desvía recursos. Las mujeres enfrentan barreras que frenan su participación y reducen sus ingresos. Y nuestras instituciones, sobrecargadas y politizadas, han perdido independencia, debilitando los contrapesos que dan confianza al inversionista y seguridad al ciudadano.

Ahora bien, nada de esto es destino, no es inevitable. Con disciplina y un plan pragmático, Bolivia puede estabilizarse en el primer año, retomar el crecimiento en el segundo y mostrar resultados visibles en empleos, ingresos y servicios básicos dentro de un solo mandato presidencial. Esa es la oportunidad que tenemos ante nosotros, y ese es el objetivo principal de esta estrategia.

El primer paso es la estabilización inmediata. Necesitamos recuperar credibilidad, proteger a los más vulnerables y construir una ruta clara hacia un tipo de cambio único y transparente. La estabilización no es un eslogan, es una secuencia de medidas que son absolutamente necesarias.

En las primeras semanas, el gobierno debe publicar un plan fiscal a dos años que reduzca el déficit en dos o tres puntos del PIB. Este plan debe estar respaldado por un marco de responsabilidad fiscal y monitoreado en tiempo real con un Consejo Fiscal Independiente, para que tanto los ciudadanos como los mercados vean que hablamos en serio.

En el corazón de este esfuerzo está la reforma de los subsidios. Todos sabemos que el sistema actual es costoso, ineficiente y regresivo, es decir, empeora la distribución del ingreso. Pero debemos hacerlo de manera justa y abierta. En el primer mes, el gobierno debe publicar el costo fiscal de todos los subsidios y quiénes son los beneficiarios reales. En el tercer mes, iniciar un proceso gradual y previsible de realineamiento de precios de combustibles durante 12 a 18 meses. Y, desde el primer día de esta reforma, poner en marcha compensaciones: transferencias monetarias directas, vales de transporte para los trabajadores de bajos ingresos y gas subsidiado para los hogares vulnerables.

Lo que ahorremos debe destinarse a donde cambie vidas: salud primaria, recuperación del aprendizaje, mejora de la calidad de nuestra educación y mantenimiento de la infraestructura esencial. Los programas sociales deben preservarse, pero tienen que ser modernizados.

La Renta Dignidad, el Bono Juana Azurduy, el Bono Juancito Pinto, todos deben ser focalizados mejor con un registro social unificado, de manera que los recursos lleguen primero a quienes realmente los necesitan. El principio es sencillo: proteger a los vulnerables y, al mismo tiempo, restaurar la sostenibilidad fiscal.

De la mano de esto, debemos presentar una hoja de ruta para unificar el tipo de cambio. También aquí el orden es clave. Al reducir subsidios, se disminuye la presión sobre las importaciones. Al ajustar las cuentas fiscales, se enfría la demanda. Con el apoyo de organismos multilaterales, se reconstruyen las reservas en el Banco Central. Y el Banco Central debe comunicar con claridad y actuar con independencia. El objetivo es un solo mercado, un solo precio y un ancla monetaria creíble sin disparar la inflación.

Los ingresos fiscales también deben mejorar, pero sin frenar la recuperación. Este no es el momento, creo yo, para subir impuestos de manera general. Debemos ampliar la base tributaria, facilitando la formalización, la facturación electrónica, la devolución más ágil del IVA, la modernización aduanera y una fiscalización enfocada en los grandes evasores. El combate al contrabando puede aumentar la recaudación de forma justa. Por lo menos yo he visto que se ha logrado esto en muchas partes del mundo.

Para los microemprendedores, menos trámites y servicios más rápidos. Para los grandes evasores, la plena fuerza de la ley. En los primeros 100 días, lo que importa son los hechos, no los anuncios: publicar la hoja de ruta fiscal y cambiaria, crear el Consejo Fiscal, emitir un decreto de contrataciones abiertas con declaración de beneficiarios finales, lanzar el Registro Social Unificado y establecer un calendario claro para la reforma de subsidios. La credibilidad se recupera cuando las promesas se cumplen en fecha.

Ahora bien, estabilizar requiere financiamiento. Bolivia no puede cruzar este puente hacia una recuperación por su cuenta, sola. Necesitamos un programa con el Fondo Monetario adaptado a nuestras realidades, con unificación cambiaria gradual y reforma de subsidios, acompañadas de redes de protección y total transparencia fiscal, para catalizar financiamiento concesional y reducir costos de endeudamiento.

Con ese ancla, podremos movilizar préstamos de apoyo a reformas del Banco Mundial, el Banco Interamericano y la CAF, para acompañar la modernización tributaria, la digitalización del Estado y la protección de los más vulnerables.

La inversión primaria también debe regresar. Instituciones de financiamiento para el desarrollo, como la Corporación Financiera Internacional, el BID Invest o la CAF pueden aportar garantías y capital para atraer inversión en procesamiento de litio, energías renovables, logística, riesgo y conectividad digital. Y una vez que recuperemos estabilidad y transparencia, Bolivia podrá emitir bonos verdes o vinculados a sostenibilidad para financiar a gran escala prioridades sociales y climáticas.

La transparencia será nuestra mejor moneda: tableros trimestrales sobre déficit, reservas y cobertura social; contratos abiertos de principio a fin; y vigilancia ciudadana sobre la reforma de subsidios.

Pero la estabilidad es apenas el piso. El crecimiento es el objetivo, es el techo. Si sigue siendo tan difícil abrir y hacer crecer un negocio, nunca crearemos los empleos que Bolivia necesita.

Por eso, en seis meses debe funcionar una ventanilla única en línea, donde un emprendedor pueda registrar su empresa, obtener el NIT, inscribir a sus empleados en la seguridad social y conseguir licencia municipal en 72 horas. Hay países donde esto se hace en 24.

Los registros de propiedad y permisos de construcción deben tener plazos máximos por ley, con el principio de silencio positivo: si la administración no responde a tiempo, el trámite se aprueba automáticamente.

La certidumbre tributaria también es clave. Necesitamos una carta de derechos del contribuyente, la eliminación de tributos menores que solo complican; resoluciones anticipadas que sean vinculantes para la administración; y devoluciones del IVA garantizadas en plazos fijos.

La justicia comercial debe ser rápida, con salas especializadas y herramientas de mediación que reduzcan a la mitad los tiempos de resolución. Bolivia también necesita una política de inversión honesta y basada en reglas.

Una agencia de promoción y facilitación de inversiones debe dedicarse a resolver problemas, no a crearlos, con acompañamiento, concesión de permisos rápidos –lo que se llama fast track– e incentivos transparentes atados a empleo, exportaciones y transferencia tecnológica. La repatriación de utilidades y la igualdad de trato deben estar garantizadas.

Y las alianzas público-privadas deben hacerse con licitaciones abiertas y contratos modelo, sin ideología, con transparencia y competencia.

¿Qué sectores pueden mover la aguja? Creo que esto es bien conocido: el litio y la cadena de baterías, ojalá con el tiempo, con auditorías transparentes y licitaciones competitivas para plantas de procesamiento, vinculadas a contenido local, capacitación y centros de innovación tecnológica.

El gas y la energía, donde hay un potencial grande: recuperar producción en campos existentes, renegociar exportaciones en términos comerciales y acelerar solar y eólica, donde sean competitivas.

La agricultura, con inversiones en riego, almacenamiento, cadenas de frío, caminos rurales y servicios sanitarios que abran mercados.

Y la manufactura ligera y los servicios, con parques logísticos en fronteras, facilitación digital del comercio y aduanas modernas que potencien exportaciones en textiles, madera, tercerización de servicios y turismo.

Detrás de todo esto está la conectividad. Debemos bajar el costo de la banda ancha y ampliar su cobertura con potencia en espectro, infraestructura compartida y un fondo de conectividad rural. Primero, las escuelas y clínicas.

Y el Estado debe digitalizar servicios donde más alivie al ciudadano: facturación y compras electrónicas, ID interoperables, registros y trámites en línea. Cada trámite digitalizado es un día devuelto a la vida de la gente y un espacio menos para la corrupción.

Pero el crecimiento sin la gente en el centro es frágil. Debemos pasar del gasto a los resultados en educación, con una misión nacional en lectura y matemáticas basadas en los primeros grados; evaluación de aprendizaje que nos diga dónde estamos; y formación docente vinculada a la práctica y a la excelencia.

La educación técnica y vocacional debe alinearse con los sectores del futuro: litio, agroindustria, logística, energía renovable y servicios digitales.

En salud, la prioridad es la atención primaria, la prevención y el personal de primera línea: incentivos para médicos y enfermeras en zonas desatendidas, compras conjuntas de medicamentos y modelos de servicio codiseñados con comunidades indígenas harán el sistema más resiliente e inclusivo.

La participación económica de las mujeres no es un programa accesorio; es una estrategia de crecimiento. Es fundamental a las políticas que vamos a implementar a futuro. Debemos eliminar barreras legales que impiden a las mujeres acceder a ciertos empleos, garantizar igual remuneración por igual trabajo, promover licencias parentales y cuidados infantiles que permitan a las madres permanecer en la fuerza laboral, y medir y reducir las brechas salariales.

La educación de las niñas, la salud adolescente y la lucha contra la violencia de género son inversiones de altísimo retorno para Bolivia. Esta es mi experiencia personal, que la he visto a lo largo de todo el mundo.

Nada de esto será posible sin un Estado capaz. Años de contratación politizada y clientelismo debilitaron nuestra administración pública. Debemos restaurar el mérito, la profesionalidad y la integridad.

Eso implica proteger a los funcionarios de carrera, crear un servicio ejecutivo profesional con contratos por mérito y desempeño, modernizar los sistemas de recursos humanos y salarios, e invertir en capacitación práctica.

También implica firmar convenios de cooperación técnica con organismos internacionales para atraer experiencia directamente a las áreas clave: hacienda, aduanas, promoción de inversiones, regulación, estadística.

Una pequeña unidad de seguimiento en la Presidencia debe destrabar cuellos de botella y publicar tableros mensuales para que los ciudadanos vean avances en semanas y meses, no en años.

Y la integridad debe ser no negociable. Todos los contratos públicos grandes deben publicarse con información de beneficiarios reales. Los altos funcionarios deben declarar su patrimonio, con sanciones severas ante enriquecimiento injustificado.

Una guillotina regulatoria debe eliminar licencias obsoletas. Y tribunales especializados en comercio y anticorrupción deben elevar la certeza de que las disputas se resuelvan con justicia y los delitos se castiguen.

Estas reformas son ambiciosas, pero, sobre todo, son pragmáticas. No son ideológicas –quiero enfatizar este punto–. Buscan restaurar disciplina sin crueldad, abrir espacio a la iniciativa privada y al capital extranjero sin renunciar al interés público. Poner el aprendizaje, la salud, la tecnología y la participación de las mujeres en el centro de la productividad.

Y tratar al buen gobierno como lo que es: una política económica.

La crisis de Bolivia es real, pero es solucionable. Y esto lo he visto yo en países a lo largo del mundo. Si hacemos lo correcto, en el orden correcto, podremos pasar rápidamente de la escasez y la duda a la confianza y el crecimiento.

Que nuestro Bicentenario sea un nuevo comienzo, queridos amigos: el de un país que cumple sus promesas, compite con reglas claras y ofrece a cada boliviano y a cada boliviana una oportunidad justa de prosperar.

Muchas gracias.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.