Bolivia, un país que alguna vez fue un importante exportador de gas natural, se encuentra sumido en una profunda crisis energética. Tras dos décadas bajo el gobierno del MAS, enfrenta una severa escasez de combustibles líquidos que impacta a la población y a los pilares de su economía. Este declive productivo y el colapso de los campos gasíferos representan un desafío enorme para la próxima administración que tomará posesión el 8 de noviembre.

Los analistas coinciden en que esta crisis, con largas filas en las gasolineras, no es reciente ni coyuntural, sino la consecuencia directa de una falta crónica de inversión en exploración y un insostenible subsidio millonario.

Raúl Velásquez, investigador de la Fundación Jubileo, sostiene que el problema es de larga data. Destaca que, en solo 10 años, la producción de petróleo cayó un 62% al pasar de 63.000 a 24.000 barriles por día. A su vez, el analista Hugo del Granado, especialista en hidrocarburos, subraya que al no reponerse las reservas, la producción ha disminuido a niveles que no logran abastecer las refinerías, las cuales hoy operan a solo el 50% de su capacidad.

Esta falta de previsión ha convertido a Bolivia, cuya matriz energética depende en casi un 80% de los hidrocarburos, en un país críticamente dependiente de las importaciones. Esto también repercute en la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que se distribuye en gobernaciones, municipios y universidades, además de ser la fuente de recursos para el pago de un bono a los adultos de más de 60 años a través de la Renta Dignidad. De acuerdo con un reporte del Servicio de Impuestos Nacionales, citado por el portal Visión 360, los ingresos por este concepto cayeron un 86%. Es decir que, si en 2015 se recaudaron Bs 15.602 millones, hasta agosto de 2025 la cifra apenas llega a Bs 2.177,3 millones.

MILLONARIO E INSOSTENIBLE

La drástica caída de la producción ha disparado la necesidad de importar combustibles y ha ocasionado una presión sin precedentes sobre la economía boliviana. La dependencia es alarmante: según Velásquez, actualmente 9 de cada 10 litros de diésel y 6 de cada 10 de gasolina consumidos en el país son importados.

El combustible importado recibe un subsidio que, aunque beneficia al consumidor, representa una carga financiera abrumadora para el Estado. Velásquez explica que, si se pagaran los precios internacionales, el litro de diésel costaría cerca de Bs 11,70 y la gasolina, Bs 13,50. Sin embargo, en la actualidad, el consumidor paga un promedio de Bs 3,73 por cada litro de ambos productos, lo que significa que el Estado subsidia el 68% del precio del diésel y el 72% de la gasolina.

Ambos analistas coinciden en que este modelo es financieramente inviable. Velásquez señala que, con un déficit fiscal crónico del 11% del PIB (equivalente a $us 5.000 millones), financiar este subsidio solo se traduce en más endeudamiento. Del Granado añade que, económicamente, toda subvención se entiende como una medida a corto plazo y su prolongación indefinida, como en el caso boliviano, es “absolutamente perjudicial e insostenible”.

Además, la escasez de diésel tiene un impacto devastador en el sector productivo de Bolivia. El 84% del diésel lo consume el transporte, pero el resto es vital para la industria agropecuaria, la pesca y la minería. La falta de combustible paraliza las cosechas, afecta la logística de alimentos y limita la actividad minera, golpeando no solo a la economía a gran escala, sino también la vida diaria de millones de bolivianos.

EL OCASO DEL GAS NATURAL

El declive del gas natural, que durante años fue la principal fuente de ingresos y divisas, es otra de las herencias complejas. La falta de exploración afectó la obtención de petróleo y las reservas de gas. De esa manera, las exportaciones de gas natural se desplomaron, tanto en valor como en volumen, en una década. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pasó de representar el 54% de las exportaciones totales en 2013 al 18,8% en 2023.

Velásquez advierte que el próximo gobierno podría verse en la necesidad de importar gas natural a partir de 2028 a precios hasta 10 veces mayores a los actuales. Esta situación es una paradoja histórica para un país que hizo del gas su principal activo geopolítico.

La provisión de gas depende de las inversiones que se hagan en lo sucesivo. Entre la exploración y la explotación se necesitan unos cinco años, dice el experto. Si la escasez se va a sentir desde 2028, Bolivia tendrá que importar a precios más elevados, porque el campo de gas con mayor probabilidad de proveer este carburante a Bolivia es Vaca Muerta de Argentina que, por ahora, no tiene la logística suficiente y eso encarece mucho más el producto. “El problema es que el vecino país por ahora no tiene excedente en invierno, y aunque lo pueda tener, en el 2028 Bolivia tendría que competir con Brasil, Asia y Europa que están interesados y necesitados del gas de Vaca Muerta, por lo que el precio estará entre los 9 y 14 dólares por millón de BTU (British Thermal Unit). Esto presiona a evaluar la política de precios internos también del gas natural en Bolivia, sumado a la necesidad de hacer atractivo el mercado interno para la exploración gasífera”. Ambos analistas coinciden en que la inversión en exploración no puede esperar más. Del Granado recalca que, a mediano plazo, es crucial incrementar la exploración para encontrar nuevas reservas y, a largo plazo, aumentar la producción. Sin una política agresiva y atractiva para la inversión privada, el país no solo seguirá dependiendo de importaciones costosas, sino que podría perder por completo su soberanía energética, añade.

¿Habrá combustible luego de noviembre?

El panorama que hereda el próximo gobierno es sombrío. Ahora hay escasez de diésel y ya hubo episodios de falta de gasolina. El Gobierno invierte más de $us 3.000 millones en la importación de esos combustibles, con el agravante de que no tiene la liquidez suficiente y ha llegado a recurrir a la venta anticipada de oro de las reservas internacionales para conseguirlo. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, dijo hace un mes que solo se garantizaba la provisión hasta el 8 de noviembre (fecha de posesión del nuevo presidente), aunque después se corrigió y aseguró que habrá hasta diciembre.

Para Hugo del Granado, la solución a corto plazo es una sola: conseguir divisas, ya que el mercado internacional solo acepta monedas fuertes como el dólar o el euro. Sin divisas, “no hay ninguna solución”.

Raúl Velásquez enumera las reformas necesarias: una nueva Ley de Hidrocarburos que reorganice la cadena productiva, la certificación anual de reservas, reglas claras y transparentes para la licitación internacional y, sobre todo, un régimen fiscal competitivo. “Hoy el Estado retiene el 92% de la renta petrolera, frente al 22% en Argentina. Esto desincentiva la inversión privada”, resalta.