El debate sobre la legitimidad de los magistrados con mandato prorrogado y las nuevas autoridades judiciales se reactivó este lunes, luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, exigiera la renuncia inmediata de sus colegas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Saucedo los acusó de causar un “profundo daño a la institucionalidad democrática del país”, una declaración que recibió el respaldo de otras cabezas del Órgano Judicial y generó una respuesta extraoficial desde el TCP, donde los aludidos recordaron que la única vía para la sustitución de autoridades es el voto popular.
A través de sus redes sociales, Saucedo lanzó un ultimátum a los magistrados señalados. “Hay dos caminos, renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. ¡Bolivia debe recuperar la institucionalidad!”, manifestó el titular del TSJ.
Calificó al TCP, actualmente bajo la conducción de los magistrados prorrogados, como una de las instituciones que más daño provocó a la democracia boliviana. “No podemos permitir que un puñado de personas destruyan la institucionalidad”, enfatizó Saucedo. Recordó, además, que la Asamblea Legislativa ya dio un paso en este sentido. “La Asamblea Legislativa ya aprobó en Senadores una ley para cesar el mandato de ellos y actualmente falta la consideración en Diputados”, insistió.
Desde el TCP, fuentes extraoficiales indicaron que se analizaba este lunes una respuesta. Magistrados que prefirieron no ser identificados dejaron claro que, según la Constitución, el único mecanismo para reemplazar a las autoridades electas es mediante el voto universal. Argumentaron que la Asamblea Legislativa “no puede disponer el cese de los magistrados y consejeros, porque ello importaría no solo una actuación ilegal sino una flagrante intromisión de un Órgano a otro”.
Las mismas fuentes del TCP recordaron que Saucedo y sus colegas del TSJ realizaron una Sala Plena conjunta con ellos para designar vocales constitucionales y que durante ocho meses coordinaron acciones. Incluso señalaron que, a principios de año, el propio Presidente del TSJ admitió que tenían que convivir con los prorrogados mientras se elija a los reemplazantes mediante voto.
