El Consejo de la Magistratura anunció que en los casos que se constaten que hubo detenciones preventivas “groseras” se ordenará auditorías para establecer responsabilidades de los operadores judiciales que dieron curso a las presiones de autoridades superiores para actuar en contra de la ley tal como confesaron algunos jueces.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó que esta institución del Órgano Judicial solicitó al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia el detalle de al menos 24 casos relevantes de vulneración de derechos identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la crisis social de 2019, entre los que están Sacaba y Senkata, en los que se demandó atención e intervención del Estado y el control permanente del Órgano Judicial.

Baptista anunció que en casos de detenciones preventivas “groseras”, el Consejo realizará auditorías para que se establezcan responsabilidades sobre el accionar de los jueces. Asimismo, también se investigará la denuncia de los jueces que admitieron haber sido presionados para emitir sentencias. 

“Los casos que se identifiquen que son groseros en cuanto a la violación de derechos vamos a hacer las auditorías para sancionar a los jueces que han establecido medidas restrictivas a la libertad sin ningún fundamento. Estos incluso pueden ser destituidos”, apuntó.

La autoridad indicó que el Consejo de la Magistratura es el ente encargado de resguardar la independencia judicial, que es una garantía de la población para que su juez no se desvíe del respeto al debido proceso, a la ley y a la Constitución Política del Estado.