Al menos una veintena de operadores judiciales, entre jueces, fiscales y magistrados se involucraron en la ejecución de las detenciones preventivas por encima de los plazos establecidos por ley a varios líderes opositores, entre ellos a la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari y otros exdirigentes.

Para la ejecución y encarcelamiento de estas personas hubo presiones. Así lo confesó el propio juez del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto, David Kasa, quien admitió que recibieron “presiones y persecuciones”, penales y disciplinarias por el Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Procuraduría General del Estado y el propio Órgano Judicial en el caso Golpe II, contra Áñez, Camacho y Pumari.

“Los miembros de este tribunal fuimos perseguidos penal y disciplinariamente por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno”, declaró Kasa. “Esto vino también desde el Consejo de la Magistratura, a cargo de las anteriores autoridades, con la colaboración de algunos servidores judiciales que se prestaron a ello”, reveló.

Presionados por el poder político de turno, varios jueces y fiscales emitieron resoluciones de detención preventiva, activaron juicios sin competencia, rechazaron pedidos de cesación a la detención, una y otra vez y se encargaron de sumar procesos en contra de los imputados para mantenerlos en la cárcel.

ÓRDEN DE DETENCIÓN

Fue la jueza Regina Santa Cruz quien en marzo de 2021 ordenó enviar a la cárcel con detención preventiva por cuatro meses a la expresidenta Jeanine Áñez y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, sindicados por el presunto Golpe de Estado. Los tres fueron aprehendidos en Beni y trasladados a La Paz, luego de haber sido sindicados de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos de 2019, que derivaron en la renuncia de Evo Morales y la asunción de Áñez como presidenta.

Un año y nueve meses después, en diciembre de 2022, el juez de La Paz, Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, envió a la cárcel de Chonchocoro, inicialmente por cuatro meses al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Pacheco fue posesionado seis meses antes y en el acto, el entonces presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Eddy Arequipa, había recomendado a los jueces: “Asumen una gran responsabilidad y deben de ser conscientes que deben garantizar por sobre todas las cosas los derechos y nunca los privilegios, esa es la garantía del Estado de derecho”. Más antes, el 11 de diciembre de 2021, el juez de Instrucción Primero de Llallagua (Potosí), Raúl Arnold Barriga Villegas, ordenó la detención preventiva por seis meses para el exdirigente cívico potosinista, Marco Antonio Pumari, en la cárcel de San Miguel de la localidad de Uncía, lejos de su familia, acusado por la quema de las instalaciones electorales en Potosí en 2019. El único pedido que el juez rechazó al Ministerio Público fue que el dirigente cívico sea recluido en San Pedro de La Paz.

El 28 de noviembre de 2023, otro juez dispuso la detención preventiva de Pumari por cinco meses en la cárcel de Cantumarca de Potosí, denunciado por el caso Golpe I.

Así las detenciones con plazos de cuatro a seis meses se convirtieron en indefinidas, los acusados acudieron a todas las instancias ordinarias y constitucionales pero ningún juez, vocal o magistrado les otorgó tutela.

ACUSADORES

Dos ministros de Justicia, Iván Lima y César Siles, además del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y el procurador general Ricardo Tola Condori, fueron los principales impulsores de los juicios ordinarios y las detenciones prolongadas contra Áñez, Camacho y Pumari.

UNA LUZ

Después de casi cuatro años de detenciones arbitrarias, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió instructivos para revisar los plazos de los detenidos preventivos y reconducir la competencia de los juicios contra altos dignatarios de Estado como la de Jeanine Áñez.

Claudia Castro allanó el camino para los procesos 

Claudia Castro, siendo juez en diciembre de 2020, en menos de un mes, emitió fallos a favor de Evo Morales y de sus ministros Juan Ramón Quintana y Nemesia Chacolla que estaban procesados por fraude electoral. Este caso, el Ministerio Público, a la cabeza de Juan Lanchipa se encargó de archivarlo.

Tras estos fallos, Castro ascendió a vocal y después los juicios contra los opositores llegaron a sus manos. Fue ella, en su condición de vocal de la Sala Penal de La Paz en 2023, la que revocó y anuló la incompetencia declarada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto y dispuso el inicio del juicio en la vía ordinaria contra Áñez y otras 17 autoridades del gobierno transitorio por el caso Senkata.