El Tribunal de Sentencia Penal N° 6 de La Paz ordenó la detención preventiva del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en el proceso por legitimación de ganancias ilícitas. La decisión se basó en 116 elementos de convicción presentados por la Fiscalía.

“El Tribunal ha determinado la detención preventiva del mencionado ciudadano, toda vez que el Ministerio Público ha podido colectar 116 elementos de convicción que acreditan la concurrencia de riesgos de fuga y de obstaculización”, informó la fiscala María René Delgado.

Explicó que el exministro de Jeanine Áñez permanecerá recluido en el penal de San Pedro, sin un plazo definido, mientras se sustancia el juicio oral.

En la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público presentó documentos bancarios, registros de transferencias y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Entre las pruebas destacan certificaciones de transferencias entre cuentas, apertura de cajas de seguridad y movimientos en bóvedas de diferentes entidades financieras.

Además, según la fiscal, Murillo habría utilizado a familiares y a terceros para adquirir bienes inmuebles, en un intento por legitimar recursos obtenidos ilícitamente.

“Murillo ha recibido dineros provenientes de la intermediación en contrataciones para la adquisición de gases lacrimógenos durante las gestiones 2019 y 2020. Estos fondos fueron depositados en cinco cajas de seguridad o bóvedas bancarias para dar apariencia de legalidad”, detalló la autoridad fiscal.

El exministro acumula ya cuatro detenciones preventivas en distintos procesos judiciales.

La primera fue dictada el 6 de septiembre en el caso “Gases Brasil”; al día siguiente, el 7 de septiembre, se ordenó su reclusión por seis meses en el caso “Catering”; y el 10 de septiembre se emitió una tercera detención, esta vez por el caso “Gases Ecuador”, también sin plazo definido.

En todos los casos, la justicia dispuso que Murillo permanezca recluido en el penal de San Pedro, mientras avanzan las investigaciones.

Murillo fue una de las figuras más polémicas del gobierno de Jeanine Áñez. En 2021, fue capturado en Estados Unidos y condenado por soborno y lavado de dinero.

Tras cumplir su pena en ese país, fue extraditado a Bolivia para responder a los cargos de corrupción que se le imputan.

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